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La Amia y la Side de Fernando de La Rúa involucrando a Menem. Lo que Oyarbide no investigó

July 18, 2014Jose Benegas

Denuncia presentada en el 2007 sobre el atentado de la Amia y el supuesto testigo C, una infamia de la infame Alianza:
FORMULA DENUNCIA

EXCMA. CÁMARA.


JOSE BENEGAS, abogado (T35 F988), por derecho propio, con domicilio en …………D, a V.E. me presento y digo:
I. Que vengo a formular denuncia contra quienes resulten responsables de los hechos que a continuación expondré.
En el periódico semanal “El Guardián” del 16 de octubre de 2002, se publicó una nota titulada “El complot de la Alianza contra Menem”, en la que se da cuenta de una serie de posibles ilícitos cometidos por funcionarios por funcionarios públicos y con fondos públicos. Acompaño ejemplar del mencionado medio.
De la nota se infiere la posible existencia de una organización montada durante el gobierno del ex presidente de la Rua, con características que podrían encuadrar dentro de las previsiones del artículo 210 del Código Penal, para la malversación de fondos públicos, y “reunión y diseminación” de información falsa en perjuicio del ex presidente Carlos Menem y de la administración de Justicia, entre otros delitos.
El antecedente de la nota mencionada y de la presente denuncia es la demanda entablada por Mahtaub Lolavar, titular de la firma norteamericana Triumph Communications Internacional Group, Inc. dedicada a la consultoría política y de negocios. Fue radicada ante los Tribunales del Condado de Fairfax Virginia, y acompaño copia de la misma en su idioma original. Los demandados son:
1) El consultor político Dick Morris, presidente de Vote.com, Hielen McGann, Directora de Vote.com y esposa de Morris, ambos con domicilio en 535 5th Ave. 20th floor, New York, N.Y. 10017 o 61 W. 62nd Street, 12M, New York, N.Y. 10023, Estados Unidos.
2) Roger Stone, consultor político, con domicilio en 1101 30th St. N.W. 220, Washington D.C. 20007 o 465 Ocean Drive 1126 Miami Beach, FL 33139, Estados Unidos.
3) Fernando de Santibáñes, ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El domicilio indicado en la demanda es el de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
4) Ikon Holdings Inc. T/A Ikon Public Affairs, Ikon Public Affaire, LLC., e Ikon Public Affaire, Inc. 1021 E. CAry Street, 16th floor, Richmend, VA 23218-1320.
De esa demanda surgen los siguientes hechos, según los relata la demandante:
1. En abril o mayo de 2000, Lolovar mantuvo conversaciones con Dick Morris sobre trabajar con Roger Stone y Craig Snyder, dueños de la consultora política Ikon Holdings Inc. y también con Hielen McGann para que Lolovar y su firma empezaran a prestar servicios para la República Argentina.
2. El 31 de mayo del mismo año Ikon y Holdings y Santibáñes, en representación de la SIDE, suscriben un contrato de un mes para la prestación de servicios referidos a la visita del ex presidente Fernando de la Rua a los Estados Unidos durante la segunda semana de junio de 2000. Triumph, la firma conducida por Lolovar, quedó registrada desde entonces como subcontratista de Ikon en el Departamento de Justicia de los Estado Unidos, para prestar servicios de consultoría relativos a la visita del ex presidente. Morris y McGann negociaron a favor de Lolovar y Triumph honorarios por 25 mil dólares como subcontratista de Ikon en su convenio con la SIDE.
3. El 14 de julio de 2000, Ikon y la SIDE, por intermedio de de Santibáñes, acordaron que la primera actuaría como consultora del gobierno argentino. Ikon entonces se registró de conformidad con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de USA y quedó afectada a las leyes sobre prácticas corruptas. Las obligaciones de Ikon tenían que ver con la promoción de los intereses argentinos en el país del norte y asistencia en la relación con la que resultara ser la siguiente administración de los Estados Unidos. El contrato tenía un monto de u$s 1.600.000. Sin embargo, la propia demandante relata que los honorarios de Ikon ascendían nada más que a u$s 500.000 y que “Sospechosamente, no hay previsiones en el contrato para la distribución del u$s 1.100.000 remanentes” (sic.).
El primer posible ilícito que surge de la demanda de Lolovar es el destino incierto de la cifra mencionada de 1.100.000 dólares, que podría tener como destino el desvío a favor de funcionarios, o cualquier otra actividad ilegal en el contexto de los hechos que se relatan más adelante.
4. Triumph/Lolovar se registró como Agente Extranjero y fue subcontratada por la suma de u$s 300.000. El contrato respectivo fue suscripto el 21 de Julio de 2000. Quedó entendido que Triumph/Lolovar actuarían bajo la supervisión de Ikon, Roger Stone, Dick Morris, Hielen McGrann y de Santibáñes.
5. Lolovar expone que Dick Morris había trabajado previamente para la Secretaría de Inteligencia del Estado como consultor de Fernando de la Rua y que el contrato establecía que a Morris se le pagaría por promover “reformas gubernamentales, el turismo y la industria del vino”. Es de público y notorio conocimiento que la actividad de Dick Morris como consultor político tiene relación con campañas electorales, asesoramiento de imagen y mantenimiento del poder. Su contratación para una actividad tan diversa a la habitual, y el hecho de que lo contratara la SIDE, que es sabido que maneja fondos reservados, en lugar de la Secretaría de Turismo o de Industria, no puede sino generar la fuerte sospecha de que el contrato podría ser una forma de malversar fondos del Estado argentino, para que éste se haga cargo de servicios relativos a intereses políticos particulares del ex presidente de la Rua. El contrato de Morris, de comprobarse su existencia, podría tratarse de una máscara para solventar con fondos públicos intereses partidarios del gobierno. Lolovar manifiesta que Morris nunca se registró como Agente Extranjero.
6. La demandante manifiesta que durante las negociaciones nunca se habló de que sus servicios, como después se le requeriría, serían utilizados para promover metas políticas internas del Presidente de la Rua o realizar operaciones políticas encubiertas y asistir a Morris para ingresar fondos a los Estados Unidos para el propio Morris y McGann eludiendo las formalidades federales establecidas.
Lo expuesto indica que el contrato suscripto por de Santibañes e Ikon y el subcontrato con Triumph/Lolovar podrían ser una máscara y otra forma de defraudación al Estado para servir a los fines políticos personales del ex presidente.
7. Luego de la firma del contrato, señala la demanda, comenzó una fuerte disputa política entre el gobierno argentino y el titular del partido Justicialista Carlos Menem, que derivó en acusaciones de Morris a Menem como “corrupto” y de Menem a Morris y al Gobierno de promover una campaña en su contra e interceptar sus teléfonos celulares.
8. El 22 de agosto de 2000, Lolovar viaja a la Argentina como parte de sus obligaciones con Ikon. De Santibáñes debía enfrentarse a audiencias en el Congreso relacionadas con su responsabilidad en el supuesto pago de coimas al Senado de la Nación. Morris le pidió a Lolovar que prepare un testimonio en defensa de Santibañes. También se le pidió que obtuviera la lista de más de 200 periodistas que según de Santibáñes, Morris y Stone, tenían una continua alianza de amistad con la administración de Menem y que habrían sido pagados con fondos de la SIDE.
Lolovar, también se reunió con Antonio de la Rua. Este quería asesoramiento de Lolovar para el diseño de leyes para prevenir las continuas críticas contra él y la administración de su padre. Este relato, que habla de las calidades personales y el nivel intelectual de las personas en manos de quienes estaba el gobierno y que tienta a explayarse sobre la cuestión, no hace más que abonar la sospecha de que el contrato de la SIDE con Ikon tenía el único propósito de derivar fondos públicos a favor de intereses políticos particulares del gobierno.
Si bien el contrato con Lolovar, señala la demandante, tenía como propósito promover la imagen de la Argentina, se le pidió a través de Ikon y Morris que colectara y diseminara falsa información a los medios para dañar al oponente de de la Rua y ex presidente de la Argentina Carlos Menem.
9. Al regresar a los Estados Unidos, durante la segunda semana de septiembre de 2000, Stone y Morris le pidieron a Lolovar que transfiriera fondos del gobierno argentino que ella recibiría en su cuenta a Israel, para un supuesto funcionario del gobierno israelí quién ayudaría a obtener archivos de inteligencia en ese país para ser usados en la Argentina y en los medios extranjeros contra Menem y el partido justicialista. Esta transferencia se realizó.
10. Stone y Morris le ordenaron a Lolovar que cambiara el origen de estos archivos israelíes para que pareciera que emanaban de la SIDE. Los papeles tenían como propósito, señala la demanda, ligar a Menem con el atentado contra la sede de la Amia, sugiriendo que la evidencia mostraba que Menem había protegido a quienes pusieron la bomba. La distribución de la información debía coincidir con la visita de Menem a Israel.
Surgen así de la demanda una clara instigación a falsificar de documentos públicos y entorpecer la labor de la Justicia. Todo ello, presuntamente pagado con fondos públicos.
Lolovar vincula este operativo con la información que circuló en los últimos meses y que vinculaban a Menem en una operación para cubrir las responsabilidades de Irán en el atentado, pues ese era el tipo de información que ella debía adquirir y que en consecuencia la maniobra puede haber sido llevada a cabo exitosamente.
La misma información debía ser utilizada para implicar al partido Republicano de los Estados Unidos en operaciones ilegales con el partido Peronista, favoreciendo a la campaña de Al Gore.
Stone y Morris dijeron a Lolovar que el saldo de honorarios que se le debía sólo se le pagaría luego de realizar la operación encubierta mencionada.
10. Lolovar consultó con abogados locales acerca de la legalidad de los actos que se le requerían. Sus asesores le indicaron que se trataba de actos impropios e ilegales. El 14 de septiembre de 2000 se comunicó con Stone y le manifestó que se rehusaba a seguir esas instrucciones porque no eran parte de sus obligaciones contractuales y creía que violaban las leyes norteamericanas.
Stone envió un mail a la demandante manifestando que Morris temía las implicancias de que tomara estado público el complot para vincular a Menem (identificado como el “monkeyman” en el mail, según Lolovar) y le ordenaron culpar a Al Gore y su equipo por la operación. Más tarde el contrato se dio por terminado.
La nota periodística incluye también un resumen de la versión de los demandados conteniendo una serie de descalificaciones relativas a la persona de Lolovar y una entrevista a la misma, a las que me remito.
II. Los hechos expuestos podrían configurar un cúmulo de delitos que van desde la malversación de fondos públicos, defraudación e instigación a cometer delitos diversos, infracción al artículo 3° de la Ley 23.592 (antidiscriminación) y revelar la existencia de una organización con las caracterísiticas previstas por el artículo 210 del Código Penal. Ello sin perjuicio de las conductas tipificadas que pudieran derivar de la investigación. Los implicados en la denuncia formulada en la nota, la demanda y la documentación adjunta, serían los demandados Morris, McGann, Stone, de Santibáñes y eventualmente el ex presidente Fernando de la Rua.
III. Llama la atención, y es el motivo de mi denuncia, que hechos repugnantes como los denunciados en la nota, no hayan merecido hasta la fecha el inicio de una investigación por parte del ministerio público y en especial de la llamada Oficina Anticorrupción. Entiendo que debe investigarse que antecedentes podía tener esa oficina de los hechos aquí expuestos y si sus funcionarios mantuvieron contactos y de que tipo con los implicados en esta denuncia. No se puede dejar de tener en cuenta a la hora de investigar, que las maniobras tenían como destinataria final y víctima principal a la administración de Justicia.
Cabe recordar que la Oficina Anticorrupción, fue creada como una agencia paralela al Ministerio público, para actuar en investigaciones arbitrariamente seleccionadas y que ha sido objeto de sospechas de parcialidad en función de los intereses políticos del gobierno de la Alianza.
III. La investigación que aquí solicito excede por completo a la persona de la supuesta víctima de este complot. Si el Estado, en cualquiera de sus tres poderes, es utilizado contra cualquier ciudadano como un instrumento de opresión y persecución, todos y cada uno de los argentinos estamos en peligro. Y si existe gente capaz de jugar políticamente con hechos horrendos como el atentado a la sede de la Amia, la política en la Argentina está aún más podrida de lo suponíamos. Si las instituciones no reaccionan cuando hechos como estos salen a la luz, el peligro resulta doble.
IV. Como consecuencia de lo expuesto, a V.S. solicito:
Tenga por presentada la presente denuncia en debida forma.
Así proveer,

ES JUSTICIA

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