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Al Sr. Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri

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Los abajo firmantes, en nuestra condición de Presos Políticos, víctimas de los llamados Juicios de Lesa Humanidad, tenemos el honor de dirigirnos a Ud., en ejercicio del derecho “de peticionar a las autoridades”, consagrado por el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, a fin de informarle y re-querirle lo siguiente:

1.    Los “Juicios de la Venganza”, mal llamados Juicios de Lesa Humanidad, son ILEGALES, violatorios de la Constitución Nacional, particularmente de sus arts. 18 y 16; del Código Penal de la Nación; del Código Procesal Penal de la Nación; de Tratados Internacionales y de Principios Básicos del Derecho Penal vigentes en todos los países civilizados; y consecuencia de un “Relato” mendaz, vengativo y sesgado. Las principales violaciones, y no las únicas, que los constituyen en ILEGALES son las siguientes:

a.    El Poder Legislativo violó el principio de la división de poderes al sancionar la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia De-bida; que además ya habían sido derogadas por Ley 24.952.

b.    El Poder Ejecutivo violó el art. 109 de la Constitución Nacional, al “ejercer funciones judiciales» cuando impuso su “Política de Estado” de Derechos Humanos.

c.     Los juicios los sustanciaron Tribunales ex post facto (posteriores al hecho), como la Cámara Federal de Casación Penal y los Tribunales Orales Federales en lo Criminal, creados por Ley 24.050 del 7-1-92, para juzgar hechos cometidos con anterioridad. Se violaron así las garantías del debido proceso y del Juez natural consagradas por los arts. 18, 31 y 33 de la Constitución Nacional y el art. XXVI de la De-claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

d.    La Corte Suprema de Justicia de la Nación violó el principio de legalidad en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón”, implementando una “Política de Estado”- para lo que carecía de facultades – y condicionó a los Tribunales Inferiores. En esas causas sostuvo que la imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad es norma “tus Cogens” (Derechos Obligatorios), conforme la Convención sobre imprescriptibilidad de la ONU. Ello es falso. Además dicha Convención entró en vigencia en la República Argentina el 24-11-03, siendo inaplicable a hechos cometidos con anterioridad.

e.    La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sometiéndose a reclamos del Poder Ejecutivo (por lo que podría ser encuadrada en el art. 29 de la Constitución Nacional) y careciendo de facultades para ello (arts. 116/119 de la Constitución “Atribuciones del Poder Judicial”), dispuso que los Delitos de Lesa Humanidad configuran una “Política de Estado”. La obligación de dicha Corte es “administrar justicia bien y legalmente” (art. 122 de la Constitución Nacional); y las únicas “Políticas de Estado” son las que surgen de la Constitución.

f.      Los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal de Casación Penal violaron el principio “Pro Homine”, según el cual debe acudirse a la norma más amplia o interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos; y a la inversa. Este principio surge de varios instrumentos internacionales y es obligatorio para la República Argentina.

g.    Los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal de Casación Penal aplicaron “analogía penal y legislaron; ambas actitudes ilegales. La inexistencia del tipo penal de Delitos de Lesa Humanidad en nuestro Derecho, motivó que los referidos Tribunales tipificaran ilegalmente delitos comunes del Código Penal, a pesar de lo dispuesto por el art. 2do del Código Procesal Penal, que establece “in fine”: “Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía”. Los Magistrados no sólo violaron la ley al legislar y aplicar analogía penal, sino que PREVARICARON al dictar “resoluciones contrarias a la ley” (art. 269 del Código Penal).

h.    Los Jueces Federales y los Tribunales Orales Federales aceptaron manifestaciones de testigos falsos, sin respetar los principios de la “sana crítica”.

i.       Algunos juicios fueron celebrados por Fiscales Subrogantes ilegales; ordenándoseles que en las causas de Derechos Humanos se sujetasen a la “Política de Estado” asumida por la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento de una disposición del Poder Ejecutivo.

j.       Los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal de Casación Penal violaron el principio de congruencia, que debe existir entre la acusación, la prueba, el pedido de condena y el tipo y monto de ella. Es incongruente que a nosotros, Oficiales, Suboficiales y Agentes Civiles de entonces menores jerarquías, sin ninguna facultad de análisis ni discusión, y a ciudadanos no pertenecientes a las Fuerzas Le-gales, se nos acuse y condene como coautores o partícipes necesarios de un “Plan Criminal”, nunca probado y del cual no podríamos haber conocido su existencia. También lo es que las máximas autoridades tengan penas o imputaciones inferiores a las nuestras.

k.     Los Jueces Federales y los Tribunales Orales Federales violaron el principio de inocencia imponiendo prisiones preventivas no ajustadas a los fines cautelares, que son de aplicación restringida y durante el menor tiempo posible, en protección del principio de la presunción de inocencia (art. 1ro del Código Procesal Penal). El plazo legal de la prisión preventiva es de 2 años más 1 de prórroga; pero algunas las superan holgadamente. Su fundamento es “evitar que el justiciable se sustraiga al proceso legal”, que “no se perjudique la investigación” o “proteger a la Sociedad de conductas perjudiciales”. La prisión preventiva se convierte así en una pena sin condena.

l.       Los Magistrados condenaron sin pruebas. Consideraron a los supuestos delitos reprochados conforme la teoría de la imputación objetiva de Günther Jakobs según la cual todos los miembros de la estructura deben ser reputados coautores funcionales sin necesidad de probar su participación en los hechos. O a la teoría del dominio de Organización de Roxin — mal interpretada según él mismo —. Se violó así el art. 45 del Código Penal (Participación Criminal), con un argumento ilegal, irracional y sesgado.

m.  Se violó el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución), al enjuiciarse a las Fuerzas Legales que combatieron al terrorismo por mandato de un gobierno constitucional y no a los terroristas que agredieron a la Nación, atacaron a la democracia y sumieron al país en un baño de sangre. Muchos de ellos ocuparon importantes cargos públicos durante el gobierno anterior.

 

Además de todo ello existe una “Escuela de Testigos” falsos, pagados por el Estado (“Programa Ulloa”), con jornadas de capacitación, a quienes se instruyen en cómo, qué y a quién imputar; se aceptan “testigos” de oídas y dichos de referencia; se les formulan preguntas “capciosas y sugestivas” o que inducen la respuesta, se les hacen señas subrepticias, se les entregan libretos indicándoles qué declarar.

 

Entre las numerosas manifestaciones vertidas al respecto, referimos por su innegable imparcialidad las del Fiscal del Juicio a las Juntas, Dr. Julio Strassera: “Hay que terminar con estos juicios. Se cometen atrocidades… Esto no es Justicia, es Venganza… Es un curro… Una hipocresía gigantesca… Una payasada… EI gobierno (refiriéndose al anterior) y muchos jueces son responsables”. Como contrapartida, destacamos las múltiples expresiones de personas que apoyaron los Juicios de la Venganza, entre ellas las del ex Secretario de Estado de Asuntos internacionales para la Defensa, Licenciado Alfredo W. Forti quien en el juicio “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán”, como testigo en las audiencias orales de 2013, expresó: “En el poco tiempo que les queda de vida antes de ir al infierno… vamos a seguir con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos”.

 

2.    Nuestras condiciones de encarcelamiento violan el art. 18 de la Constitución Nacional, que ordena “cárceles sanas y limpias para seguridad y no para castigo”. Estas cárceles son estructuras obsoletas y colapsadas. El sistema penitenciario no está equipado ni organizado para tratar y atender médicamente a personas de nuestra edad. Algunos Jueces nos dificultan ilegalmente el acceso a la atención de nuestras Obras Sociales, donde están las Historias Clínicas.

 

También lo hace el Poder Ejecutivo. Por Resoluciones Nro. 1.272/13 del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y Nro. 85/13 del Ministerio de Defensa se dispone nuestra atención en hospitales públicos y se nos prohíbe en centros médicos militares. Ambas violan la ley (Orden de Prelación Legal).

 

Los traslados son en extremo penosos y requieren de múltiples trámi-tes administrativos que suelen durar meses. El 13-12-15 falleció de cáncer el hijo de un interno quien pidió ser trasladado al sepelio; el vehículo jamás llegó. Existen numerosos casos similares.

 

Se nos somete a un stress permanente que conforme a las neurociencias es un factor de angustia crónica y acortamiento de vida. Los enfermos terminales son enviados a sus domicilios poco antes de su deceso. Es una condena a muerte impiadosa, que configura un “plan sistemático de exterminio”, imputable a todos los que intervienen en él, en grado de “Asociación Ilícita”. El sufrimiento físico y espiritual, maximizado por la edad, en un ámbito falto de calidez y contención, se traslada a nuestro grupo familiar, que lo padece en igual medida. La ILEGALIDAD se complementa con la VENGANZA.

 

3.    En esta etapa de esperanza que se inicia en la República Argentina requerimos Justicia verdadera, sin venganza, ejercida por Jueces y Funcionarios probos e imparciales, a la altura de su augusta misión y no por un fuero prevaricador, codicioso y conculcador sistemático de la ley, cuya función es aplicarla y no implementar “Políticas de Estado” violatorias de la misma.

 

No somos nosotros sino las autoridades legítimamente constituidas, las que deben hallar la solución al drama que desde hace 40 años lacera el alma de la República y nos denigra injusta e ilegalmente. Solución que no puede obviar las responsabilidades de quienes PREVARICARON violando la Constitución Nacional y las leyes.

 

Adherimos, esperanzados, al reclamo de “Unión Nacional” del Sr. Presidente, prevista en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional. A su irreductible decisión de contar con una justicia independiente, respetuosa del principio republicano de la división de poderes y de las garantías individuales. Y a su exhortación de que en los países del Mercosur — y si fuese posible en el mundo entero — no haya más Presos Políticos.

 

El paso del tiempo nos estigmatiza, enferma y mata. Inexorablemente. Ya son 329 los muertos en cautiverio.

 

Hasta hoy se violó la Justicia en nombre de la Justicia. Peticionamos muy respetuosamente que ahora se cumpla la Justicia en honor de la Justicia.

 

Se adjunta Anexo. Y se gira copia del presente a los Organismos Naciona-les e Internacionales, Instituciones y Personalidades, con injerencia directa o indirecta en el tema planteado.

 

Reciba el Sr. Presidente nuestros más respetuosos y cordiales saludos.

 

República Argentina, 24 de diciembre de 2015.

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