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Tag Archives: MAGNICIDIO

Néstor Kirchner Fue Muerto de Un Disparo?

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porChristian Sanz

La historia comenzó a cobrar fuerza en los últimos días en Internet gracias a la tracción de las redes sociales. Allí, se reproduce la carta de un supuesto médico que denuncia que Néstor Kirchner tenía un disparo de bala en su mejilla. Para darle fuerza, se dejó trascender que el documento provenía de Anonymous argentina.

Dice el texto:

Soy el médico clínico Raúl Vizcaino, DNI, 10.083.432, atendí a Néstor Kirchner en el Hospital de Calafate, tras su arribo a la centro asistencial en el que trabajaba, antes de los acontecimientos que paso a relatarles, el 27 de octubre de 2010 a las 7.34 de la mañana fui testigo de un magnicidio. El ex. Presidente, arribo al hospital con una herida de bala en el pómulo izquierdo como punto de entrada, y el lóbulo derecho el punto de salida, lo que le provocó la muerte instantánea. Asumiendo que había sido un atentado, cuando pude asistir a hablar con los miembros de la seguridad presidencial, para interesarme por lo que había ocurrido, uno de los agentes me comento que estaba solo con la Sra. Presidenta, cuando se sucedió el disparo, y que no había nadie más.

A lo que asumí que o eran ellos mismos quienes lo asesinaron, o alguien desde afuera. Asumí que todo esto si iba a saber y que la consternación nacional seria como después lo fue, pero con otros argumentos. Desde ese día, vivo huyendo, y escondiéndome, trabajando en negro en panaderías, talleres, o lo que sea que encuentre. Conseguí un documento falso, para poder dar cierto grado de credibilidad a mis empleadores. Mi pareja falleció en un confuso accidente, a los dos días de la muerte del expresidente, cuando se encontraba realizando tramites en Rio Gallegos. Yo tuve que escapar del Calafate, al ver que a una de mis enfermeras del hospital las amenazaron de muerte, si comentaban algo de lo que habían visto. Un mes más tarde, fue removido el director del hospital del Calafate, Dr. Marcelo Bravo, diciendo que renunciaba, y se anunció la construcción de un nuevo y más completo hospital en otra zona de la ciudad.

Me persigue gente de aspecto policial o de fuerzas armadas de civil, y tengo orden de captura con mi foto pero con el nombre de Luis Rafael Piccinetti, por el crimen de un Tucumano, pero la foto, es la de mi DNI.

Aquí a punto de partir desde Santiago de Chile, a donde llegue de manera ilegal, asistido por gente que creyó en mi historia, parto con rumbo desconocido.

Dios quiera que algún día pueda regresar a mi Calafate querido, encontrarme con los afectos, y que sepan que estoy bien, que me cuesta dormir en las noches, y que vivo con miedo. Mis padres son vigilados, al igual que mis hermanos, colegas, y vecinos del Calafate. No espero que me crean, les pido a quienes tengan la posibilidad, averigüen que paso esa mañana. La Presidenta debe hablar al respecto y contar lo que paso, o que la justicia investigue. No se cuánto tiempo más me quede. Yo vi que fue asesinado, de un tiro limpio, con sus ojos cerrados, y según mis cálculos, pudo haber muerto estando acostado porque su cabeza y espalda estaban bañadas en sangre, y su cara limpia, con el orificio de entrada. No se qué fuerzas o que personas son las responsables de esto, ya no tengo una vida. Y temo por el destino de mi patria, si hemos de ser dominados por gente que puede ser capaz de hacer esto.

A simple vista, se nota que el mensaje es falso, con un dramatismo exacerbado y un relato muy poco creíble. ¿Cómo creer que un médico no pueda dar una descripción más precisa de lo que supuestamente vio?

Más allá de ese detalle, llaman la atención ciertas imprecisiones, como el hecho de que el Dr. Marcelo Bravo habría renunciado a su cargo en el Hospital de El Calafate inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner.

En realidad, el galeno se fue de allí en septiembre del año 2012 por cuestiones que nada tuvieron que ver con el ex Presidente sino más bien por un conflicto de personal de ese nosocomio.

A su vez, el DNI que aparece en el texto, atribuido a Vizcaíno también es falaz. En realidad, corresponde a una mujer llamada Ester Alicia Czakakowaky, domiciliada en la calle Pino 6437, de Avellaneda, Buenos Aires.

Finalmente, el dato más elocuente: ningún Raúl Vizcaino atendió a Kirchner el 27 de octubre de 2010, día en el que falleció.

Ante todo lo dicho, hay que admitir lo inevitable: se está ante una nueva leyenda urbana.

Lo triste es que, sin hacer el mínimo chequeo que hizo este diario, cientos de personas han impulsado esta historia como si fuera real, aportando una innecesaria cuota de desinformación a la incertidumbre ya existente.

No es la primera leyenda, ni será la última que se dé a conocer respecto a un tema de interés público.

Ello no es bueno ni malo, solo es un síntoma de la falta de rigor y escepticismo que vive hoy la sociedad.

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Domingo 17 ABR 2016 18 horas atrás

porHugo E. Grimaldi (*)

Las novedades judiciales de alto calibre que tuvieron su pico máximo durante la última semana con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández en los Tribunales, las que a su vez derivaron en la compulsa pública macrismo vs kirchnerismo, le quitaron todo el brillo que merecía la mejor buena noticia que el Gobierno le ha podido ofrecer a la sociedad en sus cuatro meses de gestión: la salida por fin del ominoso default de 2001, tras pasar por una última y penosa etapa de zozobra judicial en los Estados Unidos, dejada a propósito en un limbo ideológico por la anterior administración.

En contrapartida, en la pelea de la política doméstica se dieron para la distracción una sucesión de hechos, declaraciones, discursos, acusaciones y movidas varias de las dos partes, todas cuestiones de gran despliegue informativo que hacen también su ruido en la economía, ya que la cara más visible de la pulseada son la inflación y la corrupción, flagelos que terminan perforando el bolsillo de los ciudadanos.

Sin embargo, el objetivo de la deuda, conseguido además con un gran trabajo de búsqueda del consenso de otras fuerzas políticas por parte del oficialismo, incluida la colaboración del peronismo más sereno, debería haber merecido muchas más explicaciones. Quizás, para los estándares del presidente Mauricio Macri haber hecho una primera cadena nacional con las implicancias de este tema no resultaba ser algo muy relevante pero, decididamente, no alcanzó con la foto de la euforia del ministro Alfonso Prat-Gay.

Si hay algo que el Gobierno trasunta son sus inseguridades y eso se refleja claramente en su modo de transmitir los hechos de gobierno. Ya hay voces internas que hablan de una campaña para decir que el modo de comunicar es deficiente con el propósito de horadar la credibilidad. No es así, hay fallas por los cuatro costados y algunas son simplezas tales de puro sentido común que no se necesita obtenerlas de la currícula universitaria.

Desde ya, que las autoridades no tienen el glamour kirchnerista de hacer de cada cuestión un show y está bien, en todo caso, que se prefiera completar las obras, antes que anunciarlas, pero a veces parece que los equipos de comunicación se han olvidado algunas bolillas al respecto. Más allá de la discriminación hacia algunos medios, la semana pasada, hubo un par de anuncios bien importantes que involucraron a la provincia de Buenos Aires que quedaron de lado, opacados por los discursos oficiales. Y lo peor, es que no hubo activismo alguno desde la Casa Rosada por difundirlos.

En materia de vacilaciones tiene también el Gobierno -o el Presidente quizás- una suerte de complejo en relación a sus antecesores. Quiere mostrarse firme en la calle y le regala la custodia del acto de CFK a La Cámpora, en cuyas filas la televisión mostró a muchos niños que recién están entrando en la adolescencia, ataviados con pecheras azules. El oficialismo miró para otro lado, pero nadie desde la política, ni tampoco jueces ni fiscales, se atrevió a marcar el despropósito que va más allá de cualquier adoctrinamiento, como poner pibes en la calle como fuerzas de choque para amedrentar y agredir a periodistas, por ejemplo.

Otra. El Gobierno no desea parecer populista, pero se empeña en mostrarse como tal, con declaraciones que, como las del apoyo de Macri a los taxistas, tienen que ver más con arreglos de la política con el sindicato que con la lógica de proteger la libertad de elección de muchas personas que no quieren quedar como rehén. Hay que exigir que Uber cumpla con todas las normas y que en su ilegalidad no se equipare a los manteros o a los talleres clandestinos, a los que nunca se los termina de perseguir, pero tampoco se puede ir contra la tecnología y sobre todo, contra la comodidad y la billetera de la gente.

Tampoco Macri quiere aparecer como anti-Estado y se la pasa elogiando la fortaleza de las políticas públicas, mientras racionaliza la Administración central y los organismos, aún a costa de que lo acusen de ser un despedidor serial o un descarnado ajustador de tarifas y por ello, ha elegido con mucha lógica un mecanismo gradual de vuelta a la normalidad para ir zafando de las múltiples trampas que le dejó el gobierno anterior.

Por todo ello, el Presidente está pagando un alto costo político desde varias vertientes y parece que no logra procesarlo. Le pega la izquierda desde ya, pero también la derecha más recalcitrante y recibe duras críticas de la Iglesia que habla, con música vaticana, de un “renacer” de las políticas noventistas en la Argentina. Cuando el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, habla del “neoliberalismo” del Gobierno es entendible desde su posicionamiento político, pero mueve a risa.

La importancia del arreglo conseguido en los EEUU, algo así como salir del Veraz internacional de morosos, no es para nada un pacto con los poderes que sostuvieron aquellas políticas, tal como dice el kirchnerismo más furioso, sino algo lógico que implica una vuelta a la normalidad de la Argentina, pero también una ratificación efectiva de dos cambios de paradigmas que Macri prometió durante la campaña.

El primero, el de inserción en el mundo, es algo que la canciller Susana Malcorra, quizás la funcionaria más eficiente del Gobierno, está ejecutando sin pausa alguna no sólo con los Estados Unidos, sino con Europa, Rusia, China y con la región, especialmente. El segundo viraje, macroeconómico pero también pragmático, marca que hoy los fundamentos para llegar el desarrollo se basan en la inversión, mientras que declina el consumo como motor, pieza maestra del “vivir con lo nuestro”.

Y esto es así y potencia la importancia de la salida del default, porque ese hito conlleva la posibilidad de conseguir créditos de organismos internacionales que permitirán encarar nuevas obras de infraestructura que generen empleos y también acceder al mercado de colocación de deuda para hacer frente al déficit fiscal, alisar el ajuste y preparar la plataforma para 2017. Mirando hacia el año próximo, una cuestión bien importante y práctica de la normalización es que no sólo podrá endeudarse la Nación, sino también las provincias, los bancos y los particulares y se espera que a un costo mucho más benigno.

Ante esta eventualidad, el Gobierno sabe que para acceder a los escalones de tasas como los que la Argentina aspira deberán vivirse dos instancias previas: a) que quizás deba pasar algún tiempo más bien corto para que se plantee el plan integral que los mercados esperan desde lo fiscal, lo monetario, lo cambiario y lo productivo y b) algunos meses más para que se emita menos, se encarrile la cuestión inflacionaria en el segundo semestre, bajen las tasas, se perciba un mayor nivel de actividad y desaparezca el temor por el desempleo.

En este sentido, quizás por el torniquete que produce la inflación en la relación Gobierno-opinión pública y hasta por algunas decepciones que parece haber experimentado con los hombres de negocios (“Necesitamos empresarios que se pongan a invertir. Y no de aquellos que, ante el primer síntoma de libertad, aprovecharon para remarcar precios de una manera descarada”, dijo) aún Macri no ha podido volver a enamorar como cuando prometió una suerte de “sangre, sudor y lágrimas”.

Justamente, las ambigüedades probablemente culposas que lo atormentan y las dificultades para establecer una comunicación más acorde con las circunstancias tienen amarrado al Presidente. Su breve discurso para dar a conocer “medidas concretas” de carácter social, algunas adelantadas a los sindicalistas de las tres CGT durante la semana, lo mostró este sábado más con ganas de decir que lo peor estaba pasando que en explicitar de qué se trataba, mientras que la comunicación de apoyo, basada en el estilo de los mejores panfletos voluntaristas del kirchnerismo, también resultó ser un desastre, ya que con un “vamos a” y “se enviará” tal o cual proyecto al Congreso terminó de aguar los anuncios.

Lo concreto es que este Macri, con algunas de sus convicciones algo apagadas, preocupado por la actualidad y con el freno de mano puesto es quien cotejó la semana pasada con Cristina por el podio de los tropiezos y cada uno echándole la culpa al otro de generar hechos para tapar los desaguisados del contrincante: la inflación tuvo que contrastar con el dólar-futuro y los Panamá Papers con Lázaro Báez. En relación a este último caso, desde que se vieron las imágenes del obsceno conteo de billetes en La Rosadita, todos saben que no es la causa del dólar-futuro la que más le preocupa a Cristina, ya que ella alegó que se trató de una decisión política y, por lo tanto, no judiciable. Contra la gravedad de la llamada ruta del dinero K, de presunto lavado de dinero que ya tiene a Leonardo Fariña como informante privilegiado y la causa Hotesur de alquiler de habitaciones que nunca se ocuparon justamente a empresas de Báez, investigación que deja más que expuesto a su hijo Máximo, no hay qué se le oponga. No obstante, Cristina hizo lo suyo para ocupar otra vez el centro del escenario político. Ella, quien es una gran experta en el arte de mostrarse como perseguida y estupenda actriz en el manejo del micrófono, sacó ventaja de la citación judicial y armó una gran puesta ya desde antes de salir de su casa en El Calafate, luego en el avión, más tarde en la Recoleta y el jueves adentro y afuera de los Tribunales de Comodoro Py.

La Cámpora, una facción que separada del justicialismo y sin el sustento ideológico de la Jefa casi venía barranca abajo y que por eso la esperaba con los brazos abiertos, fue quien más empujó para que se presentara tal como lo hizo, con un escrito de alto voltaje político y sin responder preguntas del juez Claudio Bonadio, a quien primero ninguneó en su despacho y luego criticó ferozmente en el importante acto que hubo en la calle bajo la lluvia, donde hubo ausencias más que notorias de dirigentes peronistas.

Que el magistrado la haya llamado a declarar como imputada y que le haya regalado tal escenario de victimización le fue enrostrado al Gobierno como una debilidad, aún por muchos institucionalistas, como si hubiera sido mejor que los operadores del macrismo hubiesen meloneado a Bonadio para que pateara la pelota para adelante. Si ése fue un desacierto impensado, entonces qué no decir del estupendo presente que el kirchnerismo le regaló al Gobierno, con las fotos del colectivo lleno de ex funcionarios que iban más que sonrientes a la manifestación, muchos de ellos prestos a pasar también por los Tribunales más que pronto en causas de diverso pelaje y color y algunos en más de una. Ni qué agregar de la postal del barbado Amado Boudou.

Los errores no forzados son casi exclusivos del tenis o del ajedrez. Siempre se necesita la cabeza fría, pero en política directamente se llaman estupideces.

(*) Especial para Mendoza Post

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Lunes 21 MAR 2016 27 días atrás

Secretario General de Redacción

porChristian Sanz

La corrupción del kirchnerismo, a través del eficaz testaferro Lázaro Báez —valijeros mediante— es solo una parte de lo que terminó de revelar anoche Jorge Lanata.

También se comprobó algo más, tan incómodo como real: cómo actuó el periodismo operador, siempre a sueldo de los oscuros servicios de Inteligencia. Con fondos del Estado, o sea, de todos nosotros, claro.

Se trató de los Mauro Viale, los Jorge Rial, los Luis Ventura, los Rolando Graña —el que más cobra, ciertamente—, los Daniel Tognetti, los Diego Brancatelli, los Gustavo Sylvestre, los Roberto Navarro, los Hernán Brienza, los Camilo García, las Julieta Mengolini, y tantos otros, impresentables todos.

La mayoría de ellos, no casualmente fueron cobijados por la pantalla de América TV, un canal siempre proclive a las más oscuras operaciones de prensa.

Rial y Ventura, las dos caras de la misma moneda

Luego del programa de anoche, todos quedaron como lo que son: meros voceros de intereses oscuros, más preocupados por desacreditar al periodismo independiente que a investigar hechos de corrupción.

No son periodistas, claro que no: son mercenarios, cómplices del latrocinio que llevaron a cabo puntuales funcionarios del kirchnerismo —algunos pocos son la excepción—, a través de la discrecionalidad más execrable.

Estos hombres de prensa, que no merecen llamarse así, han cobrado fortunas durante años, que salieron de los impuestos que pagamos los ciudadanos honestos, y no solo no hicieron su trabajo, sino que además ensuciaron a aquellos que sí pretendieron —pretendimos— hacerlo con honestidad.

678, propaganda disfrazada de periodismo

No hay que olvidar sus nombres, ni uno de ellos, porque son los mismos que suelen acomodarse al calor del poder de turno. Por caso, muchos de los mencionados fueron los mismos que defendieron la cuestionable gestión de Carlos Menem.

Hay una máxima en el periodismo que dice que “la información no nos pertenece”. Esto quiere decir que, en realidad, es potestad de la sociedad.

Cuando alguien comercializa lo que no le corresponde, comete un delito, y viola la confianza de la sociedad toda. A su vez, quiebra el punto más sensible de la idiosincrasia de la prensa: su costado ético.

Navarro, millones en pauta para desacreditar a los enemigos K

En ese contexto, lo que hicieron estos personajes, que no merecen ser llamados periodistas, es más grave de lo que aparenta.

Por lo dicho, Lanata merece un aplauso porque, al exponerlos, los dejó al desnudo, como ese viejo y conocido cuento del rey que no tenía vestimenta. No es poco.

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Martes 12 ENE 2016Martes 12/01/16 atrás

Director Periodístico

porRicardo Montacuto

Primero: Es malo que haya voces monocordes. Y que no exista diversidad de medios. Resulta de baja calidad democrática que 678, TVR y Víctor Hugo Morales no estén más al aire, aunque sus contenidos no eran periodísticos sino propaganda de un sector político, en la mejor de las consideraciones.

De la misma forma, es malo que el acceso a la información pública sea un chiste, y que no haya una ley de publicidad oficial que salvaguarde a medios y gobiernos de extorsiones mutuas.

Respecto de las formas, el despido de Víctor Hugo Morales fue de una desprolijidad berreta. Le hubiesen dejado decir lo que quisiera. Al relator lo despidió la radio que lo mantuvo haciendo ultrakirchnerismo muchos años, hasta que el mexicano Remigio González González se hizo de Continental vía un testaferro. El empresario fue otro de los bendecidos por millonadas del kirhcnerismo en pauta oficial.

Ahora, lo central. Sectores kirchneristas han convocado a una movilización por la libertad de expresión y en defensa de Víctor Hugo Morales, lo que es absolutamente legítimo. Las redes sociales están repletas de críticas furibundas al macrismo y a Cambiemos por la suerte desgraciada del conductor. Pero son los mismos sectores que hicieron silencio o que directamente festejaron cuando ocurrieron casos de censura grosera en épocas del kirchnerismo.

Nelson Castro.

En medio de un festival de escraches, “juicios públicos”, y campañas difamatorias, en enero de 2009 Nelson Castro fue sacado de Radio del Plata de manera escandalosa cuando empresarios afines al gobierno compraron aquella emisora. Estaba de vacaciones cuando lo echaron. El bloguero Lucas Carrasco fue echado de dos medios oficialistas en tres años. La fallecida Jazmín de Grazia debió soportar los embates de Aníbal Fernández, que entonces era poderoso. El empresario kirchnerista Cristóbal López se hizo de Radio 10 y C5N. Lo echó aMarcelo Longobardi, quien después se llevó a toda su audiencia a Mitre. Más tarde el mismo empresario despidió a Antonio Laje.El mendocino Luis Rosales, declarado crítico del chavismo venezolano, fue despedido también. Antes lo pusieron a relatar videos graciosos de Internet o accidentes de autos en China. AJuan Miceli lo despidieron de la TV Pública después que se le ocurriese interpelar al aire a Andrés Larroque. Quiso saber por qué en las inundaciones platenses los militantes de La Cámpora usaban pecheras de la agrupación, para repartir donaciones de la gente.

Gustavo Sylvestre en América, Débora Plager en C5N, denunciaron censura cuando fueron despedidos.

Nuestro colega de redacción y Secretario General Christian Sanzes un periodista muy consultado en los medios porteños, por su conocimiento sobre muchos casos, pero en especial por el Triple crimen de General Rodríguez. Vino a vivir a Mendoza, varios años atrás, porque su vida estaba en peligro.

Tenembaum y Christian Sanz.

Según el último informe disponible respecto de casos de censura en la Argentina, elaborado por FOPEA en 2014, sólo entre 2010 y 2014 hubo 77 incidentes.  Las agresiones en general desde 2008 fueron 1096, y esto es sólo las registradas.

Tierra adentro

De acuerdo a FOPEA en el interior del país ocurrieron el 51,8 % de las agresiones, en medio de un mal clima contra la prensa. El caso más resonante fue el del periodista Juan Pablo Suárez, en Santiago del Estero. El gobierno afín al kirchnerismo logró encarcelarlo por algún tiempo.

En todos estos años hubo en las provincias medios baleados,incendiados, periodistas golpeados, allanamientos a medios, amenazas de muerte, funcionarios que golpearon a periodistas, censura, acoso de Gendarmería que secuestró la edición de una revista, intento de frenar publicaciones, panfleteadas, despidos arbitrarios, desplazamientos de horarios centrales, escraches, “bajadas de línea” para hacer oficialismo puro, aprietes, clausuras de medios críticos de algún intendente como ocurrió en Cañuelas, y múltiples agresiones de piqueteros y miembros de organizaciones sociales, o de sindicalistas duros, a movileros y noteros que hacían su trabajo.

Además, el uso discrecional de la pauta para premiar y castigar se convirtió en una práctica muy extendida, igual que los aprietes a los anunciantes. Contar todo lo que nos pasó cuando investigamos y publicamos el Caso Lobos sería motivo de una nota aparte. El diario llevaba una semana online y pasamos meses de pesadilla.

¿Recuerdan cuando Axel Kicillof agravió a Natacha Niebieskikwiat, o cuando Capitanich llamó Marmota al periodista Fernando Carnota? Eso fue una línea de conducta de cómo piensa el kirchnerismo que debe tratarse a la prensa, salvo a los amigos. Hubo más de 1.000 casos contra periodistas en estos años.

¿Alguien sabe, por caso, cómo terminó la investigación del misterioso  y violento robo a Marcelo Longobardi?

El gesto de romper Clarín.

La Sociedad Interamericana de Prensa también registró el clima de la libertad de expresión en la Argentina, aunque el kirchnerismo cree que los medios que la integran son lamebotas de Héctor Magnetto y de los Estados Unidos. “Uso de recursos públicos para montar aparatos comunicacionales de propaganda propia; partidización de los medios públicos; distribución discriminatoria de la pauta oficial; aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia;  presión a los anunciantes privados; utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar”; fueron algunos de los problemas que detectaron, de acuerdo a un resumen elaborado por el diario cordobés La Voz del Interior.

¿Dónde estaba la militancia kirchnerista cuando todo esto ocurría en la Argentina?

No hubo desde 1983 un gobierno democrático que implementase una política depersecución, castigo, hostigamiento y agresión permanente al periodismo como los gobiernos kirchneristas. En ese contexto apareció además la deformación profesional a la que llamaron periodismo militante. Es decir, propagandistas vestidos con el traje del periodismo, que trataron todos sus contenidos desde una óptica partidaria para favorecer a un sector, en este caso, el kirchnerismo.

Que nadie se escandalice. Todos queremos que Víctor Hugo Morales siga al aire y que haya voces críticas, tanto como las que el kirchnerismo y sus aliados de negocios trataron de acallar. Y no es lo mismo -de paso- Morales –un periodista acaudalado que podría tener su propio diario– que periodistas de provincia mal pagos, quienes deben sobrevivir como pueden el tiempo que les lleve conseguir un nuevo trabajo. Reinsertarse en el interior es muy difícil, sobre todo cuando la política estigmatiza a los profesionales del periodismo.

Hay que repasar el archivo.

Aunque fuere con retroactividad, podrían pedir perdón por todo lo que no hicieron por la libertad de prensa que dicen defender. Y después sí, Vamos todos a la marcha por Víctor Hugo.

 

Nota del autor:  No me lo contaron. Lo viví. Años atrás, un productor de radio de Buenos Aires renunció a la quinta nota que le encargamos para la radio MDZ, que entonces conducía y en la que tenía dos programas diarios. Fue un caballero, de todos modos. Y honesto. “No puedo… yo soy partidario de este proyecto nacional y popular y no estoy de acuerdo con la línea de trabajo que proponés”. Fue valiente, pero difícil de comprender. Trabajaba en un medio público.

 

 

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Lunes 21 SEP 2015Lunes 21/09/15 atrás

Secretario General de Redacción

porChristian Sanz

Nada es seguro en el universo de Cristina Kirchner, al menos en los últimos tiempos. Muchos de los que hasta hace poco tiempo eran considerados “bendecidos” en su mundo, de pronto pasaron a purgar el frío destierro en el marco del mismo cosmos.

No se trata solamente de funcionarios públicos, sino también de empresarios privados y hombres de negocios. Todos sufren en estas horas los vaivenes del oscilante humor de la Presidenta de la Nación.

No importa el esfuerzo hecho en el pasado, ni la sacrificada inmolación personal, todos son pasibles de sufrir las consecuencias del cambiante humor de Cristina. Guillermo Moreno lo sabe mejor que nadie: luego de haber dinamitado su propia imagen, llevando adelante las políticas más impopulares que ha conocido la Argentina, ha sido desterrado al ostracismo más sorprendente. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué más debió hacer el exsecretario de Comercio Interior para agradar a la primera mandataria?

En realidad, la culpa no es toda de Moreno sino, como se dijo, de los cambios de humor de Cristina. Es que, luego del estrepitoso fracaso que mostraron sus políticas “restrictivas” —las cuales fueron impulsadas mayormente por la propia Presidenta— las encuestas derrumbaron la imagen del Gobierno y el otrora súper secretario debió tolerar calzarse su nuevo traje de “chivo expiatorio”.

Quien hoy ocupa su lugar —y la gracia presidencial— es el ascendente Axel Kicillof. ¿Cuánto demorará el ministro de Economía en seguir los pasos de Moreno?

El derrotero que sufre el Secretario de Comercio Interior no es potestad solo de su persona, Amado Boudou ha sufrido una caída similar en muy poco tiempo. En 2010, el hoy Vicepresidente estaba a la cabeza de todas las preferencias de Cristina; solo dos años más tarde, la misma Presidenta lo bajó del podio luego de que el escándalo Ciccone lo golpeara en el rostro.

Lo mismo le ha ocurrido a ministros de la talla de Julio De Vido, a quien la Presidenta acusa en privado de no haber sabido manejar el millonario (des)manejo de los subsidios al transporte.

Pero la caída en desgracia no solo le ocurre a los funcionarios públicos: empresarios y banqueros que supieron gozar en el pasado de la bendición oficial, hoy viven desconcertados por la “bajada de pulgar” de Cristina.

Por caso, ¿cómo entender lo ocurrido con la familia Eskenazi, desterrada del paraíso K luego de haber ayudado a blanquear millonarios fondos de Néstor y Cristina Kirchner durante los últimos 20 años?

Lo mismo les ha ocurrido a empresarios de la talla de Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes hoy viven temerosos de que la mandataria les arrebate “de facto” las prebendas conseguidas a lo largo de los últimos años.

A ese respecto, López vive aterrorizado por la posibilidad de que avancen cualquiera de las leyes que hoy reposan en el Congreso y que intentan estatizar los juegos de azar; si ello ocurriera, sus ostentosas licencias se perderían en el mismo acto. Ese miedo es el que explica que el empresario sostenga en C5N a ciertos periodistas críticos del gobierno. “Por si las moscas”, suele advertir López a sus íntimos.

Jorge Brito, titular del Banco Macro es otro de los exponentes del cambio de humor presidencial: luego de haber sido el banquero preferido de Néstor y Cristina —es otro de los que los ayudó a blanquear ingentes cantidades de dinero—, cayó en desgracia cuando un informe de Inteligencia vernáculo lo calificó como uno de los “promotores” de la corrida de dólar que se vivió en 2011.

La lista es extensa y elocuente: allí aparecen personas tan disímiles como el santacruceño Eduardo Acevedo, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, la ex ministra Graciela Ocaña y hasta el ex cadete kirchnerista Rudy Ulloa Igor. Todos ellos fueron estrellas del firmamento K y hoy se encuentran en la lista negra del mismo universo. Todos fueron parte integrante del proyecto “nacional y popular” hasta que los cambios de humor oficiales los dejaron abandonados a la vera del camino de la desdicha. ¿Por qué les ocurrió lo que les ocurrió? ¿Cuál es el significado intrínseco de esa conducta oficial?

Independientemente de la respuesta a ambos interrogantes, hay que admitir que la conducta “bipolar” del kirchnerismo para con sus propios “bendecidos” no es algo aislado, sino parte de la postal que permite entender los incesantes cambios de rumbo en la política de los últimos años. Es uno de los “síntomas” que el oficialismo intenta esconder y que forma parte de un cuadro más amplio, referido a su propia patología autodestructiva.

El problema radica no solo en el ocultamiento de la enfermedad —lo cual no permite su estudio y eventual cura— sino el temor que ostentan quienes conocen su avance a la hora de mencionar la cuestión.

Mientras esto ocurre, la bipolaridad gubernamental sigue deglutiéndose a propios y ajenos, en una alocada carrera cuya meta todos parecen desconocer.

Y allí aparece la inevitable pregunta: ¿Habrá posibilidad de desacelerar la marcha o la ciudadanía deberá resignarse a esperar el impacto brutal de su consecuencia inevitable?

Lamentablemente, no existe una respuesta predecible; depende de la voluntad de toda una sociedad.

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Intiman a la Corte para que defina si va a investigar o no                                     la causa de muerte de Néstor Kirchner 

Informador Público

ENLACE CORTO  http://wp.me/p2jyCr-CA

 

cfk_feretro_nestor_KAnteayer, Renzo Enrique Godoy, patrocinado por el abogado Enrique A. Piragini, presentó un escrito en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ampliando su  presentación anterior  donde solicitaba la exhumación del cadáver de Néstor Carlos Kirchner,  a fin de conocer, de una vez por todas, lo sucedido con el ex Presidente. En este nuevo escrito se exige a la CSJN que defina si en realidad tiene vocación de investigar, o mandar investigar, lo denunciado, habida cuenta la falta de interés que han demostrado fiscales y jueces que nada hicieron al respecto. Éste es el texto:

AMPLÍA DENUNCIA. SOLICITA RESPUESTA ASERTIVA. PIDE SE DISPONGA CUSTODIA. HACE RESERVAS

Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación:

RENZO ENRIQUE GODOY, por derecho propio y por A.R.I.E.L.ong, con el patrocinio del abogado ENRIQUE A. PIRAGINI (CPACF Tº 22 Fº 23, CUIT 20085026993) con domicilio electronicoepiragini@gmail.com en el expediente nro. 4908/2015 a V.E. respetuosamente digo:

  1. Vengo a ampliar esta denuncia en el sentido que ha llegado a mi conocimiento que es muy probable que los restos mortales atribuidos a NESTOR CARLOS KIRCHNER hayan sido cremados con intervención de la funeraria de la Sra. MARIA INÉS ILHERO, DUEÑA DE POMPAS FÚNEBRES “ILHERO”, QUE HICIERON LOS SERVICIOS FÚNEBRES EN EL CALAFATE Y FUERA COMPAÑERA DE LA INFANCIA DE NÉSTOR KIRCHNER.-

Solicito se certifique dicho extremo a fin de enderezar la pesquisa y puntualmente se ordene una custodia permanente, por parte de fuerzas de seguridad nacionales, en el lugar donde se supone esta el cadáver de marras.-

  1. Por otra parte, dado que son muchas las evidencias de que el Poder Judicial, a través de jueces y fiscales, no tienen verdadera vocación por conocer la verdad de lo acontecido con el ex presidente, es que solicito se resuelva puntualmente respondiendo a esta parte si V.E., por si o por algún juzgado delegado, tiene verdadera intención de comenzar a transitar el camino de la verdad para despejar la duda que existe en la sociedad, y que, tal como surge del sitio web www.changeorg.com lleva registrados mas de 40.000 adherentes a la petición plasmada en autos.-
  2. Pido se satisfaga la exigencia contenida en el párrafo anterior a fin de poder estar en condiciones de ocurrir ante organismos internacionales, muy especialmente a la Corte Penal Internacional de La Haya, habida cuenta el principio de justicia universal y los tratados suscritos por nuestro país, ya que de no respetarlos quedaría la Republica Argentina en situación indignidad, conforme lo previsto en el art. 220 del Código Penal.-

Dígnese V.E. tener presente lo expuesto y proveer de conformidad, que

SERA JUSTICIA.-

Al Sr. Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri

Enlace Corto para compartir >  http://wp.me/p2jyCr-C9 

S                  /                 D

 

Los abajo firmantes, en nuestra condición de Presos Políticos, víctimas de los llamados Juicios de Lesa Humanidad, tenemos el honor de dirigirnos a Ud., en ejercicio del derecho “de peticionar a las autoridades”, consagrado por el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, a fin de informarle y re-querirle lo siguiente:

1.    Los “Juicios de la Venganza”, mal llamados Juicios de Lesa Humanidad, son ILEGALES, violatorios de la Constitución Nacional, particularmente de sus arts. 18 y 16; del Código Penal de la Nación; del Código Procesal Penal de la Nación; de Tratados Internacionales y de Principios Básicos del Derecho Penal vigentes en todos los países civilizados; y consecuencia de un “Relato” mendaz, vengativo y sesgado. Las principales violaciones, y no las únicas, que los constituyen en ILEGALES son las siguientes:

a.    El Poder Legislativo violó el principio de la división de poderes al sancionar la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia De-bida; que además ya habían sido derogadas por Ley 24.952.

b.    El Poder Ejecutivo violó el art. 109 de la Constitución Nacional, al “ejercer funciones judiciales» cuando impuso su “Política de Estado” de Derechos Humanos.

c.     Los juicios los sustanciaron Tribunales ex post facto (posteriores al hecho), como la Cámara Federal de Casación Penal y los Tribunales Orales Federales en lo Criminal, creados por Ley 24.050 del 7-1-92, para juzgar hechos cometidos con anterioridad. Se violaron así las garantías del debido proceso y del Juez natural consagradas por los arts. 18, 31 y 33 de la Constitución Nacional y el art. XXVI de la De-claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

d.    La Corte Suprema de Justicia de la Nación violó el principio de legalidad en los fallos “Arancibia Clavel” y “Simón”, implementando una “Política de Estado”- para lo que carecía de facultades – y condicionó a los Tribunales Inferiores. En esas causas sostuvo que la imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad es norma “tus Cogens” (Derechos Obligatorios), conforme la Convención sobre imprescriptibilidad de la ONU. Ello es falso. Además dicha Convención entró en vigencia en la República Argentina el 24-11-03, siendo inaplicable a hechos cometidos con anterioridad.

e.    La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sometiéndose a reclamos del Poder Ejecutivo (por lo que podría ser encuadrada en el art. 29 de la Constitución Nacional) y careciendo de facultades para ello (arts. 116/119 de la Constitución “Atribuciones del Poder Judicial”), dispuso que los Delitos de Lesa Humanidad configuran una “Política de Estado”. La obligación de dicha Corte es “administrar justicia bien y legalmente” (art. 122 de la Constitución Nacional); y las únicas “Políticas de Estado” son las que surgen de la Constitución.

f.      Los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal de Casación Penal violaron el principio “Pro Homine”, según el cual debe acudirse a la norma más amplia o interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos; y a la inversa. Este principio surge de varios instrumentos internacionales y es obligatorio para la República Argentina.

g.    Los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal de Casación Penal aplicaron “analogía penal y legislaron; ambas actitudes ilegales. La inexistencia del tipo penal de Delitos de Lesa Humanidad en nuestro Derecho, motivó que los referidos Tribunales tipificaran ilegalmente delitos comunes del Código Penal, a pesar de lo dispuesto por el art. 2do del Código Procesal Penal, que establece “in fine”: “Las leyes penales no podrán aplicarse por analogía”. Los Magistrados no sólo violaron la ley al legislar y aplicar analogía penal, sino que PREVARICARON al dictar “resoluciones contrarias a la ley” (art. 269 del Código Penal).

h.    Los Jueces Federales y los Tribunales Orales Federales aceptaron manifestaciones de testigos falsos, sin respetar los principios de la “sana crítica”.

i.       Algunos juicios fueron celebrados por Fiscales Subrogantes ilegales; ordenándoseles que en las causas de Derechos Humanos se sujetasen a la “Política de Estado” asumida por la Corte Suprema de Justicia en cumplimiento de una disposición del Poder Ejecutivo.

j.       Los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal de Casación Penal violaron el principio de congruencia, que debe existir entre la acusación, la prueba, el pedido de condena y el tipo y monto de ella. Es incongruente que a nosotros, Oficiales, Suboficiales y Agentes Civiles de entonces menores jerarquías, sin ninguna facultad de análisis ni discusión, y a ciudadanos no pertenecientes a las Fuerzas Le-gales, se nos acuse y condene como coautores o partícipes necesarios de un “Plan Criminal”, nunca probado y del cual no podríamos haber conocido su existencia. También lo es que las máximas autoridades tengan penas o imputaciones inferiores a las nuestras.

k.     Los Jueces Federales y los Tribunales Orales Federales violaron el principio de inocencia imponiendo prisiones preventivas no ajustadas a los fines cautelares, que son de aplicación restringida y durante el menor tiempo posible, en protección del principio de la presunción de inocencia (art. 1ro del Código Procesal Penal). El plazo legal de la prisión preventiva es de 2 años más 1 de prórroga; pero algunas las superan holgadamente. Su fundamento es “evitar que el justiciable se sustraiga al proceso legal”, que “no se perjudique la investigación” o “proteger a la Sociedad de conductas perjudiciales”. La prisión preventiva se convierte así en una pena sin condena.

l.       Los Magistrados condenaron sin pruebas. Consideraron a los supuestos delitos reprochados conforme la teoría de la imputación objetiva de Günther Jakobs según la cual todos los miembros de la estructura deben ser reputados coautores funcionales sin necesidad de probar su participación en los hechos. O a la teoría del dominio de Organización de Roxin — mal interpretada según él mismo —. Se violó así el art. 45 del Código Penal (Participación Criminal), con un argumento ilegal, irracional y sesgado.

m.  Se violó el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución), al enjuiciarse a las Fuerzas Legales que combatieron al terrorismo por mandato de un gobierno constitucional y no a los terroristas que agredieron a la Nación, atacaron a la democracia y sumieron al país en un baño de sangre. Muchos de ellos ocuparon importantes cargos públicos durante el gobierno anterior.

 

Además de todo ello existe una “Escuela de Testigos” falsos, pagados por el Estado (“Programa Ulloa”), con jornadas de capacitación, a quienes se instruyen en cómo, qué y a quién imputar; se aceptan “testigos” de oídas y dichos de referencia; se les formulan preguntas “capciosas y sugestivas” o que inducen la respuesta, se les hacen señas subrepticias, se les entregan libretos indicándoles qué declarar.

 

Entre las numerosas manifestaciones vertidas al respecto, referimos por su innegable imparcialidad las del Fiscal del Juicio a las Juntas, Dr. Julio Strassera: “Hay que terminar con estos juicios. Se cometen atrocidades… Esto no es Justicia, es Venganza… Es un curro… Una hipocresía gigantesca… Una payasada… EI gobierno (refiriéndose al anterior) y muchos jueces son responsables”. Como contrapartida, destacamos las múltiples expresiones de personas que apoyaron los Juicios de la Venganza, entre ellas las del ex Secretario de Estado de Asuntos internacionales para la Defensa, Licenciado Alfredo W. Forti quien en el juicio “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán”, como testigo en las audiencias orales de 2013, expresó: “En el poco tiempo que les queda de vida antes de ir al infierno… vamos a seguir con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos”.

 

2.    Nuestras condiciones de encarcelamiento violan el art. 18 de la Constitución Nacional, que ordena “cárceles sanas y limpias para seguridad y no para castigo”. Estas cárceles son estructuras obsoletas y colapsadas. El sistema penitenciario no está equipado ni organizado para tratar y atender médicamente a personas de nuestra edad. Algunos Jueces nos dificultan ilegalmente el acceso a la atención de nuestras Obras Sociales, donde están las Historias Clínicas.

 

También lo hace el Poder Ejecutivo. Por Resoluciones Nro. 1.272/13 del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y Nro. 85/13 del Ministerio de Defensa se dispone nuestra atención en hospitales públicos y se nos prohíbe en centros médicos militares. Ambas violan la ley (Orden de Prelación Legal).

 

Los traslados son en extremo penosos y requieren de múltiples trámi-tes administrativos que suelen durar meses. El 13-12-15 falleció de cáncer el hijo de un interno quien pidió ser trasladado al sepelio; el vehículo jamás llegó. Existen numerosos casos similares.

 

Se nos somete a un stress permanente que conforme a las neurociencias es un factor de angustia crónica y acortamiento de vida. Los enfermos terminales son enviados a sus domicilios poco antes de su deceso. Es una condena a muerte impiadosa, que configura un “plan sistemático de exterminio”, imputable a todos los que intervienen en él, en grado de “Asociación Ilícita”. El sufrimiento físico y espiritual, maximizado por la edad, en un ámbito falto de calidez y contención, se traslada a nuestro grupo familiar, que lo padece en igual medida. La ILEGALIDAD se complementa con la VENGANZA.

 

3.    En esta etapa de esperanza que se inicia en la República Argentina requerimos Justicia verdadera, sin venganza, ejercida por Jueces y Funcionarios probos e imparciales, a la altura de su augusta misión y no por un fuero prevaricador, codicioso y conculcador sistemático de la ley, cuya función es aplicarla y no implementar “Políticas de Estado” violatorias de la misma.

 

No somos nosotros sino las autoridades legítimamente constituidas, las que deben hallar la solución al drama que desde hace 40 años lacera el alma de la República y nos denigra injusta e ilegalmente. Solución que no puede obviar las responsabilidades de quienes PREVARICARON violando la Constitución Nacional y las leyes.

 

Adherimos, esperanzados, al reclamo de “Unión Nacional” del Sr. Presidente, prevista en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional. A su irreductible decisión de contar con una justicia independiente, respetuosa del principio republicano de la división de poderes y de las garantías individuales. Y a su exhortación de que en los países del Mercosur — y si fuese posible en el mundo entero — no haya más Presos Políticos.

 

El paso del tiempo nos estigmatiza, enferma y mata. Inexorablemente. Ya son 329 los muertos en cautiverio.

 

Hasta hoy se violó la Justicia en nombre de la Justicia. Peticionamos muy respetuosamente que ahora se cumpla la Justicia en honor de la Justicia.

 

Se adjunta Anexo. Y se gira copia del presente a los Organismos Naciona-les e Internacionales, Instituciones y Personalidades, con injerencia directa o indirecta en el tema planteado.

 

Reciba el Sr. Presidente nuestros más respetuosos y cordiales saludos.

 

República Argentina, 24 de diciembre de 2015.

http://www.informadorpublico.com/justicia/suspension-preventiva-del-senor-juez-federal-de-oran-salta

Suspensión preventiva del Señor Juez Federal de Orán, Salta

Juez REYNOSO case, commented by former Juez en lo Penal y Economico, Juez Guillermo Tiscornia...

Juez REYNOSO case, commented by former Juez en lo Penal y Economico, Juez Guillermo Tiscornia…

Racconto del caso.

La suspensión preventiva decretada respecto del señor juez federal de Orán -Salta-, doctor Raúl J. Reynoso por ese genuino esperpento institucional denominado eufemísticamente Consejo de la Magistratura, permite evocar tantísimas otras decisiones similares adoptadas en el pasado respecto de otros magistrados bajo la misma formulación -también eufemística-: “mal desempeño”.

El paquidérmico y devaluado organismo utiliza el concepto de “mal desempeño” como una suerte de barril sin fondo cuando se trata, en su caso, de dirimir internas judiciales, o por caso, cuando los lobbies del crimen organizado penetran en dicho esperpento institucional donde se montan maniobras desestabilizadoras contra aquellos magistrados que con sus investigaciones y decisiones han afectados a factores bien identificados de la dirigencia política, o bien de la economía o bien del empresariado vinculados a su vez a factores de los poderes políticos de turno.

El caso del doctor Reynoso permite recodar el caso del ex juez de instrucción porteño -doctor Roberto Murature- a su turno acusado de montar un engranaje de corrupción en su Juzgado donde -falsamente se acusó- que el circuito delictivo montado lo era con la participación de un abogado.

Bajo un espectacular aparato de propaganda se erosionó la imagen pública del doctor Murature y rápidamente tanto el Consejo de la Magistratura (¿o acaso Magistraburra?) como el Jurado de Enjuiciamiento eyectaron al doctor Murature de su cargo judicial.

Transcurrieron los años y en la respectiva sede judicial se demostró que todo fue armado; se trató de una burda patraña montada desde usinas interesadas; el Fiscal de Juicio Oral interviniente en la respectiva causa penal fue quien no encontrándose en condiciones de sostener una acusación por corrupción respecto del doctor Murature terminó su alegato pidiendo la libre absolución de culpa y cargo del doctor Murature; obviamente ninguna autoridad pública le pidió públicamente disculpas al doctor Murature; absolutamente a nadie le importaba la suerte corrida por el mismo doctor Murature.

Otro caso emblemático involucró al ex juez federal de Mendoza -doctor Luis Leiva- quien a comienzos del los años 2000 tuvo una muy mala ocurrencia: afectar con sus investigaciones los intereses del por entonces poderoso empresario menemista Raúl Moneta; Leiva pagó rápidamente la factura; parodia de juicio político y a la calle; eso si la Corte Federal menemista con idéntica velocidad transfería todas las investigaciones judiciales que involucraban a Raúl Moneta desde la Justicia Federal Mendocina hacia la Justicia Federal porteña; y allí comenzó el camino a la soluciones de los problemas judiciales del mismo Moneta. ¿Leiva?, moneda de cambio; negociación política y como se dijo a la calle.

Las remociones de los ex jueces Mirta Torres Nieto y Néstor Narizzano se erigen en verdaderos paradigmas de la aberración y de la perversión institucional; y tales remociones justificarían aplicar un proceso químico de fugminación sobre ambos esperpentos institucionales resultantes del nefasto “Pacto de Olivos” que abrió el camino hacia uno de los peores retrocesos institucionales de la Argentina: la reforma constitucional de 1994.

La imputación endilgada al doctor Reynoso se sustenta pura y exclusivamente en apreciaciones y formulaciones vagas y difusas; esto es, en una calculada -y fraudulenta- ingeniería de “imputación” de “asociación ilícita” basada en una prueba testimonial indisimulablemente guionada.

No converge ningún dato objetivo que permita siquiera conjeturar que el doctor Reynoso haya montado una maquinaria delictiva en su estrado judicial; fue allanado el Tribunal; su domicilio y ningún elemento de cargo fue hallado en tales ocasiones.

No se dude; el doctor Reynoso desde hace más de una década lleva adelante 35.000 expediente judiciales; todos ellos en una jurisdicción territorial por demás sensible, conflictiva y de lato riesgo personal, para si y para su familia; soportó amenazas de todo tipo; ello no obstante el doctor Reynoso llevó adelante su labor con aplicación y dedicación ejemplar.

¿Cómo se entiende? Durante una década nunca jamás se detectó la supuesta existencia de “una maquinaria crim 7. A no dudarlo, la imputación al juez Reynoso está sustentada, pura y exclusivamente, en apreciaciones inal” y de buenas a primeras aparece formulada una espectacular denuncia de estas características?. Realmente no se entiende.

Lo que si resulta a esta altura indisimulable es que decisiones adoptadas por el doctor Reynoso en el legítimo ejercicio de la jurisdicción han afectado intereses específicos de sectores bien identificados del poder político salteño, versión que -desde hace rato- ha echado a correr en todos los ámbitos tribunalicios; y no se dude; además el doctor Reynoso quedó atrapado en una feroz interna judicial en el marco de la Justicia Federal salteña que ahora se proyecta hacia la Capital Federal, donde el Consejo de la Magistratura -a velocidad supersónica- precipitó una suspensión preventiva que buscar dar cauce al montaje de una nueva maniobra desestablizadora; tal como sucedió con los ex jueces doctores Luis Leiva, Roberto Murature, Mirta Torres Nieto y Néstor Narizzano.

Y para rematar bien vale señalar que ese mismo esperpento institucional ha sido escenario de situaciones de mayúsculo escándalo en ocasión del tráfico de información en los concursos públicos (por citar un ejemplo entre muchos otros casos; el Jurado Pravia y el concursante Tuppo), y ni que hablar que tramitan en la Justicia Federal investigaciones formadas a partir de denuncias formuladas contra el mismo Consejo de la Magistratura por contrataciones fraudulentas, entre otros temas, alquileres de edificios a precios que no condicen con los de mercado, etc., etc.

Y, por si alguna mente trasnochada se le ocurriera descalificar al autor de este comentario me remito en un todo al estado actual del trámite de la petición N° 1018/07 “Tiscornia, Guillermo Juan vs. República Argentina en trámite ante la Comisión Americana sobre Derechos Humanos (Art. 30 y 40 Reglamento de la CADH); al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (9/12/15) por el cual -diez años después- el Alto Tribunal desestimó las falaces denuncias de corrupción montadas en mi contra en el transcurso del año 2006 desde factores vinculados al crimen organizado.

Situación actual del Poder Judicial. Actividad distorsiva de los estamentos institucionales encargados de controlar la actividad jurisdiccional de los magistrados judiciales. Estándares normativos y jurisprudenciales supranacionales.

Sobre este tópico, y a modo de reflexión de tipo general, cabrá referir que la agresión al Poder Judicial y a los magistrados y funcionarios, ciertamente no es aislada ni es la primera. Tampoco será la última. Desde hace cincuenta años en nuestro país la Justicia es la rama de gobierno más jaqueada. Ha estado expuesta a socavamiento institucional constante.

Alexander Hamilton decía en “El Federalista” que el Poder Judicial era el más débil de los tres poderes, pues no tenía ni la bolsa ni la espada, y la historia argentina se ha encargado de confirmar -con creces- la verdad de esta afirmación.

Los ataques siguen, y parece mentira que hoy a más de dos décadas de gobierno constitucional -lo que no deja de constituir un récord- existan algunos “ campeones de la democracia” que pretendan sostener que la salud de la República necesita que se ponga en comisión a todo el Poder Judicial para luego barajar y dar de nuevo.

Se pretende, en esta nueva oportunidad, un gradual vaciamiento de la composición del Poder Judicial de la Nación proponiéndose un regreso a fojas cero, lo cual -de ningún modo- nos proporcionará ningún bien.

Así las enseñanzas de nuestra historia indican que el camino más corto y sencillo hacia la dependencia de la Justicia es precisamente aquel que propuso -en su momento- el Dr. Cavallo o el que pareciera reflejar el espíritu que dio lugar a esta nueva embestida, por más que aparezca literalmente acotada en su alcance a cierto fuero de la administración judicial.

Por eso no es raro ni debemos sorprendernos que ello ocurra. El Poder Judicial es una de las joyas más deslumbrantes de la corona del Estado, y como tal, el íntimo deseo que anida a muchos que aspiran a gobernar es preservar su independencia, de todos los demás (menos de si mismos, naturalmente).

¿Acaso alguien puede caer en el infantilismo que un nuevo vaciamiento -total o parcial- hará del Poder Judicial una comunidad de ángeles impolutos? Todo lo contrario.

No se ve cómo puede construirse un Poder Judicial independiente atacando precisamente su independencia. Con igual criterio, los gobiernos de facto pretendían salvar a la Constitución Nacional eliminándola.

El problema hace pie en que todavía no hemos terminado de entender que la división de poderes y su consecuencia, la independencia del Poder Judicial -como valor esencial de la Constitución- no es algo que nos sea dado de un día para otro, ni que se va lograr cambiando de golpe a todos los jueces.

Los países que pueden exhibir con orgullo una judicatura razonablemente independiente, jamás incurrieron en recetarios o embestidas de este tipo. Por el contrario, se preocuparon por construir día a día, pacientemente, la independencia de sus jueces, con aquello que los ingleses llaman ensayo y error.

Imaginemos qué fácil sería para cualquier gobierno recién llegado al poder, reformar la Constitución Nacional para poner en Comisión todo el Poder Judicial de la Nación, y luego elegir discrecionalmente a los jueces a su agrado. O, lo que es peor, embestir contra los magistrados a partir de pretextadas e inexistentes causales de mal desempeño.

Lo mismo sucede con recurrentes embestidas propaladas hacia ciertos fueros de la administración judicial, operados -en algunos casos- desde sectores bien identificados de la dirigencia política, o, en otros, desde sectores de la economía.

De otro lado, los jueces -aun cuando se trate de aquellos que integran cierto fuero o sector de la administración judicial- no pueden ser masivamente llamados a dar explicaciones sobre sus actos jurisdiccionales, ni tampoco deben ser sometidos indiscriminadamente a auditorías sobre su actuación o su patrimonio, como se pretendió en muchos casos pasados.

En este sentido, se encuentra resguardado el secreto de la deliberación y forma parte de la garantía de la independencia que los jueces no pueden ser obligados a dar explicaciones sobre su actividad jurisdiccional (Art. 8 del Pacto Interamericano sobre Derechos Humanos; Art. 6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; Art.14 del Tratado de Derechos Políticos y Civiles; Art. 15 de los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura adoptado por el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y ratificado por la Asamblea General, y caso 8209/78, “Suter c/Suiza”, Comisión EDH, Decisions and Reports, vol. 16, pág.166 a 178).

Asimismo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios para la Justicia Nacional de la República Argentina, ha expresado -reiteradamente- su preocupación en cuanto al establecimiento de precedentes que admitan afectar la inamovilidad de los jueces en casos que, más allá del acierto o del error, las resoluciones que se dicten los sean dentro de los límites que marcan la ley y la Constitución Nacional.

Además, el juez debe resolver según su conciencia, con pleno conocimiento del derecho, en libertad y con independencia de toda posible presión de otros poderes, ya que la repercusión o descrédito con la cual la opinión pública (o más bien la opinión “publicada”) reciba su decisión no puede convertirse en causal de remoción si ha sido adoptada dentro de los límites que la Constitución y la ley le otorgan.

De otro lado, los jueces solo pueden ser enjuiciados por hechos objetivos que -sobre base genuina y no pretextada- puedan configurar una auténtica causal de mal desempeño (Art. 53 CN)., con la prudencia y la ponderación que ese tipo de situación naturalmente exige. No pueden admitirse -entonces- embestidas que sean la exclusiva resultante de las cambiantes vicisitudes propias de las conveniencias partidarias en distintos momentos y escenarios de la política Tampoco las denuncias por “mal desempeño” no pueden constituir el artilugio válido para dirimir internas judiciales; a no dudarlo, lo peor que tiene en si mismo el Poder Judicial de la Nación es precisamente su propia corporación judicial; la historia reciente, y no tan reciente, nos muestra como los trámites de enjuiciamiento esconden verdaderas motivaciones que tienen mas que ver con disputas intestinas desatadas dentro de determinados estamentos judiciales; o en muchos casos la formulación eufemística de imputaciones bajo el rótulo de “mal desempeño” se relaciona con embestidas propaladas desde usinas interesadas en forzar la remoción del magistrado, cuando factores del poder político o económico expresan una clara muestra de desagrado hacia la actuación de ese mismo magistrado.

De tal suerte que, la fundamentación del cuestionamiento en el supuesto desprestigio o imagen negativa encuentra exclusivo basamento en apreciaciones o estados de opinión sujetos a emotivas y circunstanciales modificaciones, lo que resulta una grave afectación de la independencia de los jueces.

La República Argentina quedaría expuesta -entonces- en grave responsabilidad internacional frente al incumplimiento de las garantías de los tratados internacionales a cuya estricta observancia el mismo Estado Argentino se comprometió, por lo que bien vale tener presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la decisión del 9/12/98 (inf. Nro. 58/98) ha admitido la existencia de caso por la remoción de jueces y ha sostenido que ésta es materia revisable por la Corte Interamericana si se imputa la vulneración de la garantía de independencia y autonomía del tribunal y la garantía de la permanencia en las funciones (Art. 23 y 25 de la Convención Americana, citado en la sentencia N° 55 de la CIDH, serie C, Resoluciones y Sentencias, del 24/9/99). Máxime considerando los últimos estándares trazados por la CIDH en materia de remoción de magistrados judiciales (“Tribunal Constitucional del Perú vs. República del Perú”, 31/01/01 y “Aspítz Barbera vs. República de Venezuela”, 5/08/08).

Por ello, los jueces no pueden ser empujados de sus cargos a partir de un clamor claramente sectorizado y fuertemente ideologizado -y por ende- politizado.

También, en su ya famosa publicación titulada ” La traición a la ilustración”, en ensayista Jean-Claude Guillebaud advirtió hace ya varios años acerca de los duros obstáculos con que tropieza en todo el mundo la función judicial en razón de la influencia distorsionadora y cada vez más determinante del factor mediático y político. Y tal es lo que sucede en este caso donde la embestida al señor Magistrado está acompañada de una virulencia extrema que a su vez retroalimenta una fortísima y direccionada exposición mediática; se da por probado que el señor Magistrado se encontraría incurso en “irregularidades” “graves”, donde la pretendida gravedad solo guarda correspondencia con su enunciado; sucede que ese mismo enunciado debería llegado el caso guarda estricta correlación con el contenido de lo actuado en el expediente en trámite ante este Consejo de la Magistratura.

La actividad de los procesos tribunalicios está viéndose reemplazada, virtualmente, por una suerte de inquisición emocional y colectiva a libro abierto que no hace otra cosa más que corromper el conjunto del procedimiento legal, con grave quiebre del más elemental orden institucional. Así, por ejemplo el recordado caso que derivó en la remoción del ex juez federal de la ciudad de Mendoza -Dr. Luis Levia- marca de uno de los mayúsculos esperpentos institucionales derivados de la actividad del Consejo de la Magistratura y de ese otro adefesio denominado eufemísticamente Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados; el doctor Leiva tuvo -sin duda- una muy mala ocurrencia: haberse atrevido a afectar los intereses del controvertido empresario Raúl Moneta (dicho sea de paso de estrecha vinculación con los factores de poder de turno en los tiempos del menemato); sucedieron dos cosas entonces; por un lado la Corte Federal de la recordada mayoría automática transfirió todas las investigaciones a cargo del juez Leiva a la jurisdicción federal porteña y el juez Leiva -en un trámite express- por supuesto fue virulentamente eyectado de su cargo judicial bajo la eufemística fórmula de “mal desempeño”-

Y, desde luego el empresario Raúl Moneta a buen resguardo de toda consecuencia judicial. Otros casos paradigmáticos que marcan como se dirimen internas judiciales embistiendo contra ciertos y determinados magistrados bajo idéntica formula eufemística (“mal desempeño”) lo marcan las aberrantes remociones decretadas por ese mismo adefesio institucional denominado Jurado de Enjuiciamiento de los Magistrados respecto de la señor Juez Nacional del Trabajo -Dra. Mirta Torres Nieto y del señor Juez de Ejecución Penal -Dr. Néstor Narizzano-, casos donde, indisimulablemente, las respectivas embestidas marcan como desde estos esperpentos institucionales se dirimen internas judiciales.

Y, en virtud de los casos ya mencionados, sumado al hecho del tráfico de información verificado en los concursos públicos, y que desataron en más de una oportunidad escándalos públicos (caso del tráfico de información detectado en relación al concursante fiscal doctor Tuppo y el Jurado Praiva con motivo de un concurso público abierto para la cobertura de una vacante en la Justicia Federal de la Provincia de Entre Ríos), no descarto que esta embestida orquestada contra el doctor Raúl Reynoso obedezca a intereses inconfesables. Así de crudo, así de simple, así de claro.

Con relación a la cuestión que aquí se examina sobre la interpretación que cabe realizar del artículo 115 de la Ley Fundamental conforme lo expuesto por el Sr. Procurador General de la Nación que recién se acaba de citar, resulta de suma importancia atender igualmente al contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el caso “Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsans vs. Perú”, el 31 de enero de 2001.

En este sentido corresponde puntualizar previamente la existencia de las garantías constitucionales que en el caso me asisten, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (garantías a un debido proceso legal y a la protección judicial contra sentencias que puedan haber incurrido en violaciones a ese debido proceso), que cabe reiterar, por imperio del artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional conforma el llamado “bloque de constitucionalidad” allí establecido.

Por esta razón debe ponerse especial atención a lo resuelto por la Corte Interamericana referida respecto a que en los casos de juicios políticos, los Estados deberán asegurar a los magistrados el derecho a que los fallos que se dicten a su respecto puedan ser revisados mediante la interposición de un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, en los casos que se sostenga la existencia de violaciones al debido proceso legal.

Así, en el Capítulo X de esa sentencia titulado: VIOLACION DEL ARTICULO 8 (GARANTIAS JUDICIALES), la Corte Interamericana expuso en primer término las argumentaciones de la Comisión.

“64 – “c”: …la inamovilidad de los jueces se encuentra implícitamente garantizada en el artículo 8.1 de la Convención…”

“64 – “i”: …el ejercicio de la defensa constituye un derecho y una garantía para impedir la arbitrariedad de los órganos del poder público, y comprende aspectos sustantivos y adjetivos. Contiene a su vez las siguientes garantías a favor del acusado: ser oído antes de la decisión, participar en forma efectiva en todo el proceso, ofrecer y producir pruebas, obtener decisiones fundadas y notificaciones oportunas y conforme a la ley, acceso a la información que consta en el expediente, posibilidad de controvertir los elementos probatorios, obtener asesoría legal y tener la oportunidad de impugnar la decisión…”

“64 – “j”: … la Corte Europea ha establecido que las garantías del artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos… igualmente ha establecido que aún en el ejercicio de los poderes discrecionales por parte del Estado, subsiste el derecho de presentar alegatos, pues dichos poderes deben ejercerse, en todo caso, conforme a la legalidad. Las garantías del debido proceso propias de los procesos judiciales se han expandido al ámbito de cualquier proceso o procedimiento que afecte los derechos de una persona…”

A continuación el alto Tribunal Internacional expresó por su parte:

“69. Si bien el artículo 8 de la Convención se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de los requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos…”

“70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal…”

“71. esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana…”

“84. De conformidad con los criterios establecidos por este Tribunal, es evidente que el procedimiento de juicio político al cual fueron sometidos los magistrados destituidos no aseguró a éstos las garantías del debido proceso legal…”

Con posterioridad en el Capítulo XI de la sentencia titulado: VIOLACIÓN DEL ARTICULO 25 (PROTECCION JUDICIAL), la Corte Interamericana señaló en primer lugar los argumentos de la Comisión en dicho caso:

“86 – “a”: Los tres magistrados del Tribunal Constitucional destituidos no tuvieron acceso a un “recurso sencillo y rápido” que los amparara frente a la resolución del Congreso de la República que ordenó su destitución…”

“86 – “b”: La decisión del Tribunal Constitucional de calificar el proceso de destitución de los magistrados como un hecho “no justiciable” por tratarse de una cuestión política, impidió que un órgano jurisdiccional revisara el proceso de destitución y su apego a derecho, lo cual significó la negación de su derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 25 de la Convención…” (no resaltado ni subrayado en el original).

Por su parte, esa Corte Interamericana Internacional expresó:

“88: El artículo 25 de la Convención Americana dispone que:

  1. – Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones judiciales.
  2. – Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso

“89. Como ha sido establecido por este Tribunal, la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos. En este sentido, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a la víctima en estado de indefensión…

En razón de lo anterior, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte…”

“90. Bajo esta perspectiva, este Tribunal ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la Convención. Esta Corte ha establecido reiteradamente que la existencia de este tipo de garantías “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención…” (conf. una importante cantidad de precedentes de esa Corte Interamericana citados en la nota N° 60 de la sentencia aquí expuesta).

“94. Esta Corte considera que los actos del proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional seguido ante el Congreso, que se hallan sometidos a normas legales que deben ser puntualmente observadas, pueden, por eso mismo, ser objeto de una acción o recurso judiciales en lo que concierne al debido proceso legal. Este control no implica valoración alguna sobre los actos de carácter estrictamente político atribuidos por la Constitución al Poder Legislativo…” (no resaltado ni subrayado en el original).

“97. Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó el derecho a la protección judicial, en perjuicio de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsans, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana…”

Antes de pronunciar su fallo, la Corte Interamericana en el Capítulo XIII de la sentencia, titulado: INCUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 1.1 (OBLIGACION DE RESPETAR LOS DERECHOS), expuso también:

“107. El artículo 1.1 de la Convención dispone que: los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…”

“109. Según las reglas del derecho de la responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención Americana…”

“110. La Corte observa que, de acuerdo con lo establecido en la presente Sentencia, el Estado violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano, por lo que puede concluirse que no ha cumplido con su deber general de respetar los derechos y libertades reconocidos en aquélla y de garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo dispone el artículo 1.1 de la Convención…”

Es así que habiendo citado de modo textual varias consideraciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya invocada, estimo que no puede existir ahora resquicio de duda alguno en cuanto a que conforme la doctrina de esa Corte Interamericana -que tiene a su cargo el juzgamiento de los casos de incumplimiento de los Tratados Interamericanos suscriptos por nuestra Nación que integran el texto constitucional-y en atención a los motivos por los cuales se solicita este recurso extraordinario éste debe ser concedido, al considerar que en la sentencia de ese Honorable Jurado que dispusiera mi remoción ha existido violación del debido proceso legal (tutelado igualmente por el artículo 18 de nuestra Ley Fundamental).

Por otra parte, cabrá recordar que la CSJN . tiene reiteradamente establecido que las decisiones judiciales, mas allá de su acierto o error, no pueden dar sustento a la remoción de un magistrado, más aun cuando ellas encierran una indiscutible naturaleza de materia opinable. Ello es así, porque la relevancia institucional que, por si sola, trae aparejada una solicitud de remoción de un juez deviene incontrovertible. El Alto Tribunal tiene establecido que una de las potestades que debe ejercer con mayor prudencia y circunspección (fallos:278:153, consid.7* y 283:35, consid. 9) es la que atañe al enjuiciamiento de magistrados judiciales. Así lo entendió el propio Tribunal en el caso de fallos 274:415, al declarar que la independencia del Poder Judicial se vería seriamente afectada y los jueces quedarían privados de la plena libertad de deliberación y decisión que necesitan si estuviesen expuestos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser “objetadas”; la remoción del Art. 52, añade el fallo, es una medida extrema, una verdadera “última ratio”, que no procede cuando una sentencia es “objetable”, sino cuando constituye delito penado por las leyes o traduce ineptitud moral o intelectual que inhabilite para el desempeño del cargo.

Además, recordó la Corte que la acusación y remoción de un magistrado es un recurso extremo que trae aparejada una grave perturbación en el servicio público y al que solo cabe recurrir en caso de gravedad excepcional; esto es, cuando medien “hechos o actitudes que revelen un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con daño evidente del servicio y menoscabo de la investidura”. En el mismo sentido, en fallos 278:153, se resolvió que “al margen de los reparos que pueda merecer la investigación practicada y del acierto o error del auto que decretó el sobreseimiento provisional”, no procede la aplicación de sanciones ni la remisión de los antecedentes al Congreso, en atención a la extrema prudencia con la que debe manejarse el asunto para que no se vea resentida la estructura básica del Poder Judicial en orden a la estabilidad de sus integrantes. Las bases del sistema sufrirían daño si los jueces tuvieran la fundada sensación de que puedan ser removidos sólo por lo que otros consideren un error de juzgamiento. (conf. expte. SAJ-58/91, Speroni, Julio C. s/juicio político solicitado por Cámara en lo Penal Económico, resol. N° 26/96 del 11 de abril de 1996).

Mal desempeño. Concepto. Alcance.

Referido específicamente al concepto de mal desempeño en el caso de los magistrados judiciales se ha establecido reiteradamente que las decisiones judiciales, mas allá de su acierto o error, no pueden dar sustento a la remoción de un magistrado, más aun cuando ellas encierran una indiscutible naturaleza de materia opinable.

Ello es así, porque la relevancia institucional que, por si sola, trae aparejada una solicitud de remoción de un juez deviene incontrovertible. El Alto Tribunal tiene establecido que una de las potestades que debe ejercer con mayor prudencia y circunspección (fallos:278:153, consid.7 y 283:35, consid. 9) es la que atañe al enjuiciamiento de magistrados judiciales.

Así lo entendió el propio Tribunal en el caso de fallos 274:415, al declarar que la independencia del Poder Judicial se vería seriamente afectada y los jueces quedarían privados de la plena libertad de deliberación y decisión que necesitan si estuviesen expuestos al riesgo de ser removidos por el solo hecho de que las consideraciones vertidas en sus sentencias puedan ser “objetadas”; la remoción del art. 52, añade el fallo, es una medida extrema, una verdadera “última ratio”, que no procede cuando una sentencia es “objetable”, sino cuando constituye delito penado por las leyes o traduce ineptitud moral o intelectual que inhabilite para el desempeño del cargo.

Además, recordó la Corte que la acusación y remoción de un magistrado es un recurso extremo que trae aparejada una grave perturbación en el servicio público y al que solo cabe recurrir en caso de gravedad excepcional; esto es, cuando medien “hechos o actitudes que revelen un intolerable apartamiento de la misión confiada a los jueces, con daño evidente del servicio y menoscabo de la investidura”.

En el mismo sentido, en fallos 278:153, se resolvió que “al margen de los reparos que pueda merecer la investigación practicada y del acierto o error del auto que decretó el sobreseimiento provisional”, no procede la aplicación de sanciones ni la remisión de los antecedentes al Congreso, en atención a la extrema prudencia con la que debe manejarse el asunto para que no se vea resentida la estructura básica del Poder Judicial en orden a la estabilidad de sus integrantes.

Las bases del sistema sufrirían daño si los jueces tuvieran la fundada sensación de que puedan ser removidos solo por lo que otros consideren un error de juzgamiento. (conf. expte. SAJ-58/91, Speroni, Julio C. s/juicio político solicitado por Cámara en lo Penal Económico, resol. N° 26/96 del 11 de abril de 1996). Y, bajo la específica y concreta compaginación y el contexto vinculado con mi actuación como juez de instrucción, estimo respetuosamente que mi desempeño se encuentra -absolutamente- fuera del alcance del concepto de mal desempeño funcional, que se pretende, en este caso, atribuir.

El Tribunal de Enjuiciamiento para Magistrados Nacionales ha sostenido que -en lo que concierne a las nulidades decretadas respecto de resoluciones dictadas por un magistrado de grado inferior- una eventual acusación por mal desempeño debe encontrarse en condiciones de asignar a las pretensas irregularidades (máxime cuando se trata de declaraciones de nulidad, sustentables en un exceso de rigor formal, y en disquisiciones técnico jurídicas expuestas con puro sentido argumentativo y desprovistas de todo respaldo objetivo), algún tipo de motivación ilegítima o intencionalidad espuria, lo cual tampoco autorizaría a afirmar respecto de la existencia de simples yerros verificados en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, los cuales -aun de haberse verificado- no habrían sido cometidos de mala fe (conf. causa N° 6 del 09-05-02, del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación).

La misma doctrina jurisprudencial ha sostenido que: “no se ha probado intención espuria que de sustente la causal de mal desempeño invocada.” (conf. ídem causa N° 6 antes citada).

Y desde esta específica perspectiva, de ningún modo podría atribuírsele al doctor Reynoso ninguna intención espuria dentro del específico ejercicio de su propia actividad jurisdiccional; como luego se apreciará el contexto profesional y personal bajo el cual se verificó el trámite de los pocos expedientes judiciales puestos ahora en foco marcan una situación de máxima conflictividad, tal como lo hubo explicado con sobrado detalle el señor Magistrado Federal al hacer uso de la facultad que acuerda el Art. 11 del Reglamento Interno de dicha institución.

Guillermo J. Tiscornia

Ex juez en lo Penal Económico

guilletisco@hotmail.com

http://tinyurl.com/ohq284o

ABANDONADOS

DOCUMENTAL SOBRE ARGENTINA y EL FISCAL “SUICIDADO”

PARA  ENVIAR  http://wp.me/p2jyCr-wU 

Para Enviar http://wp.me/p2jyBb-FO  

 

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL IN ARGENTINA (The Hill Online)

By Mark P. Jones /  April 22, 2015

Dec. 10 will mark the end of the 12-and-a-half-year-long Kirchner era in Argentina. The country’s next president will almost without question be more supportive of free enterprise and private investment, have a greater respect for the rule of law — both domestic and international — and pursue a more centrist and pragmatic foreign policy than President Cristina Fernández de Kirchner (who succeeded her husband, Néstor Kirchner, in 2007).

 

One of three men will succeed Fernández de Kirchner: city of Buenos Aires Mayor Mauricio Macri, National Deputy Sergio Massa or province of Buenos Aires Gov. Daniel Scioli. Scioli and Massa belong to Argentina’s large Peronist movement. Scioli is the standard-bearer of the movement’s pro-government wing led by the term-limited Fernández de Kirchner, while Massa is the informal leader of the opposition wing. Macri is the only viable non-Peronist candidate, and last month cemented an alliance with the Radical Civic Union (UCR), which for almost 70 years has represented the political counterweight to Peronism.

 

If elected, each of the three candidates would reduce the degree of unilateral and opaque government intervention of the Argentine economy, exhibit greater respect for the rule of law and improve Argentina’s frayed bilateral ties with a host of nations ranging from Spain and Germany in Europe to Brazil and the United States in the Americas. Thus, regardless of who wins, we can expect Argentina to move toward the more pragmatic and market-friendly social-democratic models of neighboring Brazil, Chile and Uruguay and away from the contrary model represented by present-day Argentina. That said, there are differences among the candidates in terms of the degree to which they would diverge from the current model of government.

 

Of the three, Scioli is the candidate of continuity, with Argentine policies expected to change the least from the current status quo under a Scioli presidency. Macri, in contrast, is the candidate of change, potentially representing the most dramatic break from the status quo (with a caveat discussed below).

 

On one hand, Massa is the Goldilocks candidate, promising a sharper shift toward the Brazil/Chile/Uruguay model than offered by Scioli, but not as great as that offered by Macri. On the other hand, Massa could arguably be the candidate capable of delivering the most robust reform.

 

If Macri is elected president, his electoral alliance would hold only about one-third of the seats (most belonging to the UCR) in both the Argentine Chamber and Senate and run no more than two-fifths of the country’s provinces. Argentina has no experience with successful coalition government, and it is possible that as president, Macri could find himself very constrained in terms of the actual implementation of his desired reforms. In contrast, if Massa is elected president, an overwhelming majority of Peronists would in all likelihood, in line with the movement’s strong vertical leadership tradition, fall in behind Massa as their new boss. As the undisputed head of a party with substantial congressional majorities and control of more than half of the provincial governorships, a President Massa would quite possibly be better positioned than a President Macri to effect the most transformative policy change, since while his proposals would on average be more modest in scope, their prospects for actual implementation would be higher.

 

The presidential election takes place on Oct. 25. It is expected today that no candidate will win enough votes to avoid a runoff on Nov. 22. Recent polls have Scioli (35 percent) narrowly ahead of Macri (30 percent), with Massa (25 percent) in third place, but well within striking distance.

 

As the bridge between continuity and change, Massa would be favored in a runoff against either Scioli or Macri, but to earn one of the two golden tickets to the dance on Nov. 22, he will need to vault ahead of at least one of his rivals between now and the end of October. With the election six months away, it is not possible to proffer a prediction of the outcome of a hypothetical Macri-Scioli faceoff. There are too many unknown factors, including future campaign dynamics, the state of the economy in November and post-first round actions by Fernández de Kirchner and Massa, which could potentially tilt the outcome in either candidate’s favor.

 

Jones is the James A. Baker III Institute for Public Policy’s fellow in Political Science and Argentina Program director, the Joseph D. Jamail chair in Latin American studies and the chair of the Department of Political Science at Rice University.

 

APRIL 21, 2015 4:33PM

PATRIOT Act Reauthorization Fight Begins This Week

By PATRICK G. EDDINGTON

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http://www.cato.org/blog/patriot-act-reauthorization-fight-begins-week?utm_source=Cato+Institute+Emails&utm_medium=email&utm_campaign=b8a4d3d497-Cato_at_Liberty_RSS&utm_term=0_395878584c-b8a4d3d497-141820070&mc_cid=b8a4d3d497&mc_eid=37a4448f40

 

If the House Judiciary Committee keeps to its current schedule, on Thursday it will meet to consider the third version of the USA Freedom Act in the last two years. I’ve seen a very recent draft of the bill, and from my perspective in its current form the bill effectively acts as if the Snowden revelations and several independent reviews of the PATRIOT Act Sec. 215 metadata program never happened.

The bill ignores the fact that both the Congressional Joint Inquiry into the 9/11 attacks and the 9/11 Commission itself found that the attacks happened because of information sharing and analytical failures, not because of intelligence collection shortfalls. The bill claims to end the controversial telephone metadata program, but a close reading of the bill reveals that it actually leaves key PATRIOT Act definitions of “person” or “U.S. Person” intact—and under 50 U.S.C. sec. 1801(m) of the PATRIOT Act, “person” is defined as “any individual, including any officer or employee of the Federal Government, or any group, entity, association, corporation, or foreign power.” It’s the “group, entity, association or corporation” language that leaves open the possibility of continued mass telephone metadata surveillance under the PATRIOT Act.

The bill also grants the government sweeping “emergency” collection authority not tied to an imminent threat of death or bodily harm, which has generally been the standard for such programs in the past. The bill allows the government to retain U.S. Person call detail records if the government alone determines such records are “foreign intelligence information”. The bill’s FISA court revisions include the creation ofamicus curiae (previously called “special advocates” in earlier version of the USA Freedom Act) that in theory would help the court work its way through particularly thorny cases potentially involving major interpretations of law. But there are two key caveats to this provision: the FISA court has sole discretion to appoint—or not appoint—theseamicus curiae and the government still retains the ability to invoke the “state secrets” privilege, which would render the presence of the amicus curiae moot.

What is missing from the bill is at least as significant as what it contains.

The bill does not address bulk collection under EO 12333 as reported by former State Department official John Napier Tye. Further, the bill fails to address bulk collection and retention of US Person records under Sec. 702 of the FISA Amendments Act.

The bill lacks mandatory US Person data destruction and audit compliance provisions for information previously collected on US Persons not currently the subject of a criminal investigation. It contains no protections for national security whistleblowers; has no bar on the government imposing “back doors” being  built into electronic devices, software or hardware; does not bar the USG from targeting U.S. Persons solely on the basis of their use of internet anonymizing technology such as Tor; and does not address the recently revealed DEA telephony metadata program.

Whether supporters of the far more sweeping Surveillance State Repeal Act will be able to get a hearing on that bill or have the chance to take provisions of the SSRA and offer them as amendments to the USA Freedom Act—either in committee or on the House floor—remains to be seen. One thing is certain: the fight over reforming our nation’s surveillance laws is about to get much more intense, and quickly.

Topics:

Foreign Policy and National SecurityLaw and Civil Liberties

 

http://vejainternational.com/news/the-teheran-caracas-buenos-aires-connection/

NEWS 3/14/2015 21:34

The Teheran-Caracas-Buenos Aires Connection

Three former members of the leadership from the Hugo Chavez era tell VEJA that Iran sent money to Cristina Kirchner´s election campaign in exchange for nuclear secrets and impunity in the Amia case, using Venezuela as an intermediary

by Leonardo Coutinho, Washington

 

Argentinians have been wondering for the last two months what happened on January 18, the day in which federal prosecutor Alberto Nisman was found dead in the bathroom of his apartment in Buenos Aires. Only four days previously, he had presented the justice ministry with an indictment against president Cristina Kirchner and another four people he accused of covering up Iran´s participation in the terrorist attack which resulted in 85 deaths and 300 wounded in the headquarters of the Israeli Argentina Mutual Association (Amia) in 1994.

IRAN, CARACAS, BUENOS AIRES, CONNECTIONS

IRAN, CARACAS, BUENOS AIRES, CONNECTIONS

Nisman explained in his document that, besides the signing of a Memorandum of Understanding that would allow Iran to interfere in the investigation of the case, the Islamic Republic wanted the Argentinians to remove the names of five Iranians and one Lebanese from the list of people wanted by Interpol. The Argentinian government went out of its way to disparage Nisman´s findings. Three weeks ago a judge formally turned down Nisman´s indictment that had been presented once again by a new prosecutor. Without even trying to hide her political alignment with the government, the judge took advantage of the decision which overturned Nisman´s denunciation to praise the president and her administration.

Everything indicated that the crime for which Cristina Kirchner and other members of her government were accused of by Nisman would become one of the many mysterious episodes in Argentina´s recent history. However, an agreement between countries, even when made in the shadows, leaves traces. Since 2012, 12 senior members of the Chavez government have sought political asylum in the United States, where they are cooperating with the authorities in investigations on the Caracas government´s participation in international drugs trafficking and supporting terrorism. VEJA spoke separately to three of the 12 exiled former Chavez supporters in the United States. To prevent any retaliation to their relatives in Venezuela, they asked not to be identified in this article. They were all part of Chavez´s cabinet. After Chavez´s death in 2013, they shared power with Maduro but fell out with him after a couple of months. The former members of the Chavez government said they had been present in Caracas when the leaders of Iran and Venezuela discussed the agreement that the prosecutor Nisman denounced in Buenos Aires. They said that the representatives of the Argentinian government received large amounts of dollars in cash. In exchange for the money, the Chavez dissidents said Iran had asked that those behind the terrorist attack should be covered up. The Argentinians would also have to share with the Iranians their long experience in heavy water nuclear reactor, an old-fashioned, expensive and complicated system but one that allows plutonium to be obtained from natural uranium. This shortcut is of great advantage to a country that is interested in building atomic bombs without the need to enrich the uranium and, therefore, draw the attention of the international supervisory authorities.

The former Chavez defectors said the then president of Iran, Mahmoud Ahmadinejad, landed in the Venezuelan capital on the morning of Saturday January 13, 2007 for his second visit to the country. Once the protocol ceremonies were over, Chavez received Ahmadinejad for a meeting in the Miraflores Palace, accompanied only by their bodyguards, interpreter and top tier members of the Venezuelan government. The meeting occurred around noon, just before lunch, and the conversation lasted around 15 minutes. They spoke about bilateral agreements, investments in the oil sector and student interchange. It was then that Ahmadinejad told Chavez he needed a favor. A member of the military who was a witness to the meeting told VEJA that the following dialogue occurred:

Ahmadinejad – This is a matter of life or death. I need you to be an intermediary with Argentina to get help for my country´s nuclear program. We need Argentina to share its nuclear technology with us. It will be impossible to advance with our program without Argentina´s cooperation.

Chavez – I will do this very quickly, comrade.

Ahmadinejad – Don´t worry about the cost involved in this operation. Iran will back it up with all the money needed to convince the Argentinians. There is another question. I need you to discourage Argentina from continuing to insist with Interpol that authorities from Iran be imprisoned.

Chavez – I will take care of this personally.

The presidents got up and went to lunch. Afterwards, they returned for a new meeting. The Iranian interpreter was the only outsider present this time. The former Chavez staff members exiled in Washington told VEJA that they participated directly in the arrangements made by Chavez to meet Ahmadinejad´s request. The two presidents saw an opportunity to make an agreement attractive to Argentina by having Venezuela buy Argentinean bonds which it had been doing since 2005. The Venezuelan Treasury bought US$ 1.8 billion of Argentinean debt in 2007. At the end of 2008, Venezuela held US$ 6 billion dollars in Argentinean sovereign debt. It was a great deal for Argentina as it faced the constant threat of a moratorium which frightened investors off. The Kirchners, Nestor and Cristina, thanked Chavez in public on a number of occasions for the financial operation.

The direct transfer of money from Caracas to Buenos Aires was less sophisticated and more problematic. In August 2007, Guido Antonini Wilson, a Venezuelan businessman based in the United States, was caught by the Argentinean customs trying to enter the country with a suitcase containing US$ 800,000. He later claimed that the money was destined for the campaign of Cristina Kirchner who was elected President of Argentina two months later, succeeding her husband, Nestor Kirchner. By coincidence, Chavez had an official visit to the Argentinean capital scheduled for two days after Antonini was imprisoned. One of the former members of the Chavez government VEJA heard was with Chavez when he was informed of the imprisonment by Rafael Ramirez who was then president of the state-owned oil company PDVSA and is now Venezuelan ambassador to the United Nations. Chavez swore and asked who the “idiot” was who had coordinated the operation. “The money was originally from Iran for Cristina Kirchner´s campaign,” said the eyewitness. “I cannot confirm that she knew the money was Iranian but there is no doubt she knew that it came from a clandestine source,” he added.

Antonini was then released and sought out the FBI when he returned to the United States to explain what had happened with the suitcase. Chavez´s intelligence service tried to dissuade Antonini from doing so. The operation is described in the book “Chavistas en el Imperio” by the Cuban-American journalist Casto Ocando and is based on the FBI information on Antonini. Ocando said the agents of Henry Rangel Silva, Venezuela´s chief of intelligence, offered to provide Antonini with lawyers and when he refused the offer, threatened him and his son with death. The conversations with the lawyers paid for by the Venezuelans were taped by the FBI. In one of them, dated September 7, 2007, they said that Caracas was willing to pay two million dollars for Antonini´s silence. The spies were arrested and accused of conspiracy. In his book, Ocando is right in concluding that Chavez was ready to do anything to cover up the origin of the money, including assuming the blame for the remittance and attributing it to the PDVSA. What Ocando did not know and now knows is that the resources came from Iran.

The money arrived in Venezuela in the same form as it had been sent to Argentina: in suitcases. At the meeting in which Ahmadinejad had asked Chavez to make a deal attractive to Argentina, the two presidents also decided to create a flight on the Caracas, Damascus and Tehran route which the Chavez leadership later nicknamed “aeroterror”. Between March 2007 and September 2010, an A340 Airbus flew this route twice a month. According to the former Chavez loyalists heard by VEJA, the plane carried cocaine when it left Caracas. It also carried documents and equipment although the ex-Chavez staff had no details about them. The drugs were unloaded in the Syrian capital from where they were redistributed by Hezbollah, a terrorist group from Lebanon. The American authorities have known since 2012, when the first Chavez defectors began to go into exile in the United States, that drug trafficking overtook Iran as the main source of Hezbollah´s financing. When the plane made its return flight, it carried cash and terrorists on the international wanted list.

One of the main operators of the Caracas-Teheran flights was Venezuela´s interior minister, Tareck El-Aissami, currently the governor of the state of Aragua. The Drug Enforcement Administration (DEA) collected a number of statements that showed he was the link between the FARC rebels in Colombia and Hezbollah. El-Aissami had an agent called Ghazi Nasr al-Din, a Lebanese who was at that time the commercial attaché at the Venezuelan embassy in Damascus. Al-Din, who was put on the FBI´s most wanted list at the end of January, had the mission of producing and distributing Venezuelan passports to hide the real identities of the terrorists who travelled throughout the world. Among those whose identity he covered up was the cleric Mohsen Rabbani who Nisman claimed was the executor of the Amia attack. Rabbani visited Brazil at least three times using a passport provided by Al-Din. Even when the “aeroterror” flights ended in 2010, Venezuela continued to supply documents to hide the real identities of terrorists. One of the exiled former Chavez staff said that the Caracas government gave shelter to at least 35 members of the Hezbollah group in May 2013.

The ex-Chavez loyalists interviewed for this article did not know whether the Iranians succeeded in obtaining the information on the Argentinean nuclear program that Ahmaninejad had wanted so badly. Although they belonged to Chavez´s inner circle, the discussions on this issue were reserved for the Venezuelan and Iranian defense ministers. The negotiator on the Argentinean side was Nilda Garré who is currently the country´s ambassador to the Organization of American States (OAS). She is a former Montonero guerrilla who met Chavez a number of times and had a close relationship with him which was made official in 2005 when she was nominated as Argentina´s ambassador to Caracas. One of the Chavez deserters said it was Chavez himself who had asked Nestor Kirchner to nominate Garré for the post. Chavez and Garré also had an intimate personal relationship which is only of public interest as it was one of the components of the political alliance between the two countries. “It was something like ‘Fifty Shades of Grey’”, said the former Chavez supporter who added that when Chavez and Garré met in his office in the Miraflores Palace, the sounds of partying could be heard from a long way off. Garré returned to Buenos Aires after six months to take up the defense post where she remained until 2010. “I cannot confirm that the Argentinean government handed over nuclear secrets but I know it received a lot through legal means (bonds) and illegal means (suitcases filled with cash) in exchange for something that was very valuable to the Iranians.” Another exiled former Chavez staff member said:” The person who knows these secrets in Argentina is the ex-ambassador Garré.” There are similarities between the nuclear reactors at Arak in Iran and Atucha in Argentina. Both were planned to produce plutonium, an essential element in building atomic weapons, using only natural uranium. The difference is that Arak should have come into operation last year but there are no signs that this has actually occurred. The Atucha reactor has been operating since 1974 and generates 2.5% of Argentina´s electrical energy. The Argentineans´ nuclear technology was also useful in starting up the Bushir plant that had been left unfinished since 1979. Bushir was inaugurated in 2011. Perhaps minister Garré can provide a clearer picture of the Teheran-Buenos Aires agreement that was stitched up in Caracas.

 

 

El Gobierno No Tiene Forma De Evitar Que La Responsabilidad Recaiga Sobre El.

“Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla, deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros …” Jorge Luis Borges

La muerte de Alberto Nisman se ha transformado, como correspondía, en la peor tormenta política de la Argentina desde la voladura del arsenal de Río Tercero -amén de actualizar la propia investigación del atentado a la AMIA- y, obviamente, el enorme costo está cargado en la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner. La opinión pública, que considera que fue asesinado (70%) y atribuye la autoría al Gobierno (57%), y descree absolutamente de los dichos oficiales, sólo se pregunta cuándo se la obligará a efectuar el pago.

Este asesinato recuerda, sin lugar a dudas pero con enorme preocupación, el de José Calvo Sotelo. En una sociedad tan brutalmente fracturada como la nuestra hoy, soportó el mismo acoso que el Fiscal y había dicho en las Cortes de los Diputados española, luego de las reiteradas amenazas contra su vida, “yo tengo anchas las espaldas”. Horas más tarde, el 13 de julio de 1936, apareció su cadáver y sólo cinco días después estalló la Guerra Civil, que costó un millón de muertos.

El servicio secreto iraní, uno de los más eficaces que se conocen, tuvo en la mira a Nisman durante años; sin embargo, nada le sucedió y continuó trabajando en la persecución a los autores materiales e intelectuales del atentado a la AMIA. Cuatro días después de imputar a la Presidente de la República la responsabilidad de organizar y encabezar una asociación ilícita para exculpar a los terroristas y altos funcionarios de Irán y de traición a la Patria, apareció muerto por un disparo en la cabeza.

El atroz asesinato del Fiscal está cumpliendo, en la memoria colectiva, un papel que, en parte, favorece al Gobierno; estamos olvidado lo principal, es decir, su monumental denuncia contra doña Cristina y su entorno, a quienes acusó de entregar la investigación del atentado a la AMIA a los terroristas iraníes responsables de su comisión; esto convierte en prioritaria esa causa e impone al Juez Lijo la obligación de acelerar su investigación y la total difusión de las grabaciones que la sustentan, hoy sólo parcialmente conocidas.

También ha conseguido esconder la denuncia formulada por Fiscal General ante la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional contra la Presidente por dar encubrimiento y protección a Lázaro Báez en la causa por el lavado de dinero en los hoteles de Cristina y sus hijos.

Tal como sostuve en la nota que escribí tres horas después de conocer la pavorosa noticia, el Gobierno no tiene forma de evitar que la responsabilidad recaiga sobre él, sea por la directa autoría del crimen, sea por la ineficacia en su custodia. Porque, pese a sus enormes esfuerzos, el oficialismo no consiguió “vender”, siquiera artesanalmente, su hipótesis original del suicidio por la vergüenza que hubiera debido soportar ante lo endeble de sus acusaciones, ni tampoco la de la inducción al mismo por fuerzas irresistibles; el jueves, la Presidente debió girar en el aire -como lo hizo en el caso de SS Francisco- y confesar que se trató de un asesinato, que atribuyó a otro complot en su contra, pero sin cumplir su deber de denunciar el presunto ilícito ante la Justicia. Aún así, ningún funcionario, ella incluida, se privó de denostar a Nisman y de intentar cubrirlo con un manto de sospechas de todo tipo; se llegó al patético extremo de vincular la muerte con una tapa de Clarín que había reflejado las masivas manifestaciones en Francia por el atentado de Charlie Hebdo.

La prueba mayor del knock-out que sufrió el Gobierno fue la apresurada convocatoria a todos los monjes tibetanos que militan en el ¿Frente para la Qué? el mismo jueves a la sede del Partido Justicialista donde, compelidos por sus exhaustas cajas provinciales y sindicales, se vieron obligados a suscribir un patético documento para acusar de la gran conspiración a los medios no oficialistas y transformarse así, literalmente y en virtud de la proximidad de muchas elecciones locales, en bonzos; hicieron trizas la famosa máxima del peronismo que, hasta ahora, acompañaba hasta la puerta del cementerio pero no se enterraba con el antiguo líder. A partir de hoy, ninguno de esos actuales mandatarios podrá aspirar a una reelección, salvo quizás en los feudos del norte, que no “pesan” en votos para la gran contienda nacional.

Es que hay demasiados cabos sueltos, y demasiadas explicaciones oficiales y judiciales que no cierran. Hasta el domingo pasado, Nisman debió haber sido el ciudadano mejor protegido de la Argentina, toda vez que sus imputaciones a la Presidente y su anunciada presentación ante el Congreso, lo constituyeron en el principal blanco móvil. Sin embargo, los diez hombres asignados a su custodia no bastaron para evitar el desenlace final: ¿impotencia, complicidad o sólo torpeza?

Las preguntas, aún hoy, siguen siendo muchas, en especial después de las declaraciones de Parrilli, nuevo jefe de la SI, y Berni, el locuaz Secretario de Seguridad, transformadas en sólo veinticuatro horas en mentiras flagrantes por un espía, un piquetero y el cerrajero convocado. De todas maneras, ¿resultaba creíble que la madre se hubiera sentado durante más de una hora en una cama, ignorando si su hijo vivía o había muerto en el baño tan cercano?; si Nisman pensaba suicidarse en horas, ¿para qué habría de dejar una nota a su mucama con la lista de compras que debía efectuar al día siguiente?; ¿por qué habría utilizado una pistola de un calibre tan pequeño, cuyo disparo es más apto para causar ceguera o incapacidad que muerte?. Algo huele a demasiado podrido en Puerto Madero, y el Gobierno carece de desodorante de ambientes.

Tanta ha sido la repercusión del caso en todo el mundo, y tal el desprestigio de nuestras instituciones, que ya ha sido reclamado en varios parlamentos extranjeros la constitución de una comisión internacional para la investigación del magnicidio.

Un dato muy triste y relevante posterior a la muerte de Nisman es la nuevamente comprobada falta de reacción de nuestra sociedad; ni siquiera este magnicidio, cuya autoría más del 57% de los argentinos atribuye al Poder Ejecutivo, logró que las calles y plazas del país aparecieran abarrotadas por miles de ciudadanos, como sí había sucedido en las manifestaciones de 2013. ¿Desinterés, hartazgo o miedo?

La Argentina se encuentra en uno de esos raros momentos que se transforman en encrucijadas de la historia. En los próximos días sabremos si contamos con los estadistas que la hora requiere o si quienes se visten de opositores al kirchnerismo sólo son más de lo mismo. Porque la única forma de evitar un terrible desenlace es que, de una buena vez, se unan para ofrecer una alternativa republicana a la decadencia y al desmadre generalizados que hoy impera en esta republiqueta bananera en que pasivamente nos hemos convertido.

Si no lo hacen, si no están dispuestos a ceder sus personalismos para tomar conjuntamente el timón en medio del naufragio, la sociedad entera sentirá en carne propia los versos finales del poema de Borges: Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta”. 

Bs.As., 25 Ene 15

Argentina En Desacato

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Wall Street Journal  /  lanacion.cpm

Jueves 02 de octubre de 2014 | 07:16 / Argentina en Default

Durísima opinión de The Wall Street Journal sobre el desacato de la Argentina

Según una editorial publicada en The Wall Street Journal Americas, “culpar a los extranjeros por su grave situación económica es un deporte tradicional para los políticos en Buenos Aires”271

El país más famoso de Sudamérica por no pagar sus deudas fija otro precedente.

El fallo del lunes del juez de distrito estadounidense Thomas Griesa de declarar a la República Argentina en desacato no es un hecho sin precedentes. El año pasado, Rusia entró en conflicto con una corte estadounidense en una disputa en torno a la custodia de libros religiosos judíos. La República Democrática del Congo fue declarada en desacato civil en 2009 por no acatar la solicitud de exhibición de pruebas de un juez de distrito.

Sin embargo, el fallo contra Argentina está en una clase aparte. “Todos sabemos que declarar a una parte en desacato es algo inusual. Me pidieron que lo hiciera en una etapa anterior y lo rechacé”, dijo Griesa el lunes. No obstante, dijo que se veía obligado a reconocer “lo que realmente es la conducta ilegal de la República que incluye el intento de cambiar ilegalmente y desviarse de las estipulaciones de la orden judicial vigente”.

El juez se refiere a intento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de cambiar la jurisdicción de los bonos gobernados por la ley estadounidense a Argentina y reemplazar a Bank of New York Mellon Corp. como agente de pago con el argentino Banco de la Nación. Buenos Aires está sujeto a la ley estadounidense porque en los años 90 acordó someter disputas a las cortes estadounidenses como forma de atraer inversionistas extranjeros.

Como asunto político, esto puede haber sido exactamente el resultado que Kirchner buscó. Su gobierno ha hecho de “Patria o Buitres” su eslogan de facto, y “buitres” se refiere al juez Griesa, el gestor de fondos de cobertura Paul Singer, la Corte Suprema de Estados Unidos y cualquiera que busque cobrar deudas o hacer cumplir el Estado de derecho. Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman , la arremetió contra el encargado de negocios de EE.UU., Kevin Sullivan, cuando el diplomático sugirió que Argentina debería tratar de salir del default.

Culpar a los extranjeros por su grave situación económica es un deporte tradicional para los políticos en Buenos Aires.

Esta demagogia podría ayudar al partido peronista de Kirchner en las elecciones del próximo año. O tal vez no. Los argentinos ahora viven con una tasa de inflación que se estima en 40%, frecuentes cortes de electricidad, un desplome de los valores de los activos y una reputación tóxica en los mercados financieros globales. Culpar a los extranjeros por su grave situación económica es un deporte tradicional para los políticos en Buenos Aires. Sin embargo, los argentinos con el tiempo quizás se den cuenta de que el desdén que Kirchner y sus ministros populistas muestran hacia “los buitres” en última instancia está dirigido a ellos.

http://online.wsj.com/news/articles